Ratificada la denuncia por las octavillas

Sevilla/El PSOE ratificó este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 11 su denuncia contra un cargo de confianza del gobierno de Juan Ignacio Zoido, en concreto el subdirector del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, y dos representantes de la asociación de vendedores ambulantes de Torreblanca como posibles responsables de "un delito continuado electoral en concurso ideal con un delito de prevaricación administrativa". La denuncia apunta a estas tres personas por su participación en una iniciativa desarrollada en dicho edificio municipal para pedir el voto para el PP a cambio de diferentes ayudas.

En el mismo barrio donde tuvieron lugar los hechos denunciados, el candidato socialista a la Alcaldía confirmó que la denuncia ha sido ratificada en los tribunales y lamentó que el alcalde en funciones de la ciudad no haya reaccionado ante este caso pese a que la denuncia se dirige contra uno de sus subordinados. "Los vecinos de Torreblanca no se merecían esto", señaló Juan Espadas.

Tal y como adelantó este periódico, desde unos días antes del inicio oficial de la campaña electoral se habían buzoneado y repartido octavillas de forma masiva por el barrio con el logotipo de la formación popular donde se invitaba a los vecinos de Torreblanca a acudir al centro cívico para dar cuenta de sus necesidades y ser incluidos en una lista para poder acceder en un futuro, por ejemplo y según se cita en la propia propaganda, a repartos de alimentos, ayuda familiar, de vivienda o cursos de formación laboral. Los demandantes guardaron incluso colas en la sede municipal.

Estos hechos, según se recoge en la denuncia presentada por los socialistas, serían constitutivos de un delito castigado con penas de cárcel de seis meses a tres años o multas de 12 a 24 meses "a quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención". En el caso del subdirector del distrito se añadiría el delito de prevaricación administrativa.