Las enfermeras andaluzas podrán firmar las valoraciones de dependencia

Las enfermeras andaluzas podrán suscribir los informes que valoran las situaciones de dependencia. La medida llega meses después de que la Junta de Andalucía aprobara el decreto ley que daba curso a la participación de las sanitarias en el procedimiento de reconocimiento de personas dependientes, una tardanza producida por la discrepancia surgida entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre el contenido exacto de la norma, el Decreto Ley de Simplificación Administrativa, que ha corrido el riesgo de un litigio en el Tribunal Constitucional.  

El acuerdo entre la Junta y el Gobierno central, referido a un decreto ley aprobado en febrero, se ha alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación de las dos administraciones que resuelve las diferencias de índole constitucional, evitando la interposición del recurso de la Administración General del Estado contra la norma andaluza que hubiera tenido que resolver el Alto Tribunal. La Junta de Andalucía ha informado en una nota recogida por Europa Press de que "ambas administraciones dan por resueltas las discrepancias que tenían sobre el artículo 5 del Decreto-ley 5/2024" que daba cumplimiento a los acuerdos del 30 de diciembre de 2022 y del 13 de febrero de 2024. 

El artículo que ha sido objeto del litigio habilita a las enfermeras a firmar los informes sobre las condiciones de salud para los solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia. Después del acuerdo entre las administraciones, informa Efe, se interpreta que los informes podrán ser suscritos por el profesional de enfermería siempre y cuando estén basados en los informes de los especialistas facultativos responsables del paciente y de acuerdo con las competencias que correspondan a cada uno de ellos. En el decreto aprobado en febrero se produjo un error que limitaba la firma de los informes al personal médico en exclusiva, algo que subsanó la Junta con un posterior decreto.

Subraya la Junta que el decreto ley ha quedado "totalmente convalidado por el Ejecutivo nacional" después de considerarse que su artículo 5, que en sus apartados 5 y 6 modifica respectivamente los artículos 148.2.a) y 157.2.b) del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, "se interpretará y aplicará en el ejercicio de las potestades normativas y administrativas de la Junta". La Administración andaluza ha esgrimido que "ese error fue subsanado mediante la corrección de errores publicada en BOJA el 22 de abril de 2024".