Tres ex consejeros y otros siete ex viceconsejeros declaran por los ERE

Los ex consejeros andaluces José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo, y otros cuatro ex viceconsejeros del Gobierno andaluz comparecerán esta semana ante los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín para prestar declaración en el caso de los ERE fraudulentos, dentro de un calendario en el que de martes a jueves declaran 17 personas en calidad de "investigadas" y seis más como testigos.

La nueva ronda de declaraciones la iniciará el juez de refuerzo Álvaro Martín el próximo martes 9 de febrero, día en el que están citados a declarar en la pieza separada del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE dos primeros ex altos cargos que han perdido en fechas recientes su aforamiento: los ex consejeros de Empleo e Innovación, Manuel Recio y Francisco Vallejo, respectivamente. Ese mismo día también declara como imputado el ex viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz.

Al día siguiente, miércoles 10, dentro de la misma pieza, el juez Álvaro Martín ha citado a cuatro testigos, mientras que la magistrada María Núñez Bolaños tomará declaración en relación con el ERE de la empresa Egmasa al ex consejero de Empleo José Antonio Viera -que ya estuvo imputado ante el Tribunal Supremo- y el hasta ahora viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta Juan Jesús Jiménez Martín, en relación con su etapa como directivo de Egmasa. Esa misma jornada declararán otros cuatro ex directivos de esta empresa pública -Javier Serrano Aguilar, María del Mar Espejo Tudela, Antonio del Valle Jiménez- y un liberado sindical que aparece como intruso en este ERE, Antonio Márquez García.

El jueves 11 de febrero, comparecen por el ERE de Egmasa dos testigos y otros cuatro imputados: el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y los representantes de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.

En la pieza del "procedimiento específico" -en la que están imputadas 51 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán- declaran igualmente ese día cuatro "investigados", según la nueva terminología introducida en la última reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal: el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex viceconsejero de Economía Jesús Salgueiro, así como Manuel López Casero, director general de Desarrollo Tecnológico-, y Jesús Nieto González, director de Industria de la Consejería de Empleo.

La juez Bolaños imputó a 16 personas por el ERE de Egmasa, por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a esta entidad (a la que sucedió a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003. Este expediente se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

La magistrada destacó en un auto que todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajo en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa, en donde a la fecha el ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años". Bolaños explica que "sin solución de continuidad", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2004, aprobando la extinción de las relaciones laborales de esos 373 trabajadores.

El importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucía para el pago de la indemnización por despido colectivo de estos trabajadores a través de un plan de rentas ascendió, al menos, a 21, 6 millones de euros.