Las infraestructuras andaluzas de tratamiento de aguas aceleran para evitar más multas

Las aguas sépticas no son inodoras, ni incoloras ni insípidas. Estas características, nada inocentes, afectan de igual modo al medio ambiente y al ser humano, como integrante del medio que es. Las aguas residuales, repletas de materia orgánica e inorgánica indeseadas, contaminan los acuíferos, los ríos y los estuarios, afectando a los ecosistemas. Si son abundantes, los vertidos sin tratar pueden matar especies vegetales, peces y otros vertebrados que no sólo le sirven de alimento directo a los hombres sino que son parte esencial de la cadena trófica de los animales de los que se sirve indirectamente el género humano. Las leyes obligan al tratamiento de las aguas residuales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es implacable ante su aplicación. Pende la amenaza. La Junta de Andalucía está acelerando las obras de infraestructuras de tratamiento de las aguas ante el apercibimiento de una nueva sanción de la justicia comunitaria.

Un número de núcleos urbanos de España incumple reiteradamente la normativa europea en materia de recogidas de las aguas residuales. La Comisión Europea presentó en 2022 una demanda al TJUE. Fuentes comunitarias informan de que se trata de un “procedimiento en curso” y confirma que en Andalucía constan 16 incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE. Por la misma infracción, pero en el pasado, España se ha enfrentado a sanciones de 90 millones de euros. Que haya finalmente una nueva multa dependerá de la acción de las administraciones en pro del cumplimiento de la normativa medioambiental. 

Preguntadas a las administraciones por las obras en marcha para impedir el pronunciamiento negativo del tribunal comunitario, nada puede saberse del Ministerio para la Transición Ecológica acerca de las obras de su competencia pues nada responde. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural señala de que las obras en “los municipios que están en los expedientes sancionadores son prioritarios” y que la administración andaluza está “corriendo todo lo posible no sólo porque los andaluces requieren de agua de calidad, sino también porque las sanciones, cuando lleguen, si es una obra de interés general del Estado las pagaría el Estado” y, el resto, “declaradas de interés por la comunidad autónoma”, lo pagaría la Junta.  

La citada Directiva 91/271/CEE tiene por objetivo proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas de origen doméstico e industrial. Conforme a la directiva, los núcleos urbanos han de disponer de las infraestructuras necesarias para recoger y tratar las aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo los efectos indeseados en el momento en que desembocan a las masas de agua que dan cobijo a numerosas especies vegetales y animales.

El problema es la contaminación. Las aguas residuales sin tratar pueden portar bacterias y virus que conllevan un riesgo para la salud y contribuir a la corrupción de los lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Pueden contener además nutrientes indeseables, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de causar un daño en las aguas dulces y marinas. Esto se debe, según informa la Comisión Europea, a que estos elementos favorecen la proliferación de algas que asfixian otras formas de vida. Ésta es la razón por la que la normativa comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas obliga a los Estados miembros a establecer un tratamiento de los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de dos mil habitantes (o equivalentes) y un tratamiento más sofisticado en las aglomeraciones urbanas de más de diez mil habitantes.

Obras pendientes de la Junta o del Gobierno central

Aparte de las actuaciones pendientes en Matalascañas, Barbate y Alhaurín el Grande, cuyas depuradoras siguen sin entrar en funcionamiento, según señala Ecologistas en Acción, el TJUE ha apercibido a España por la infracción de 16 núcleos urbanos. La Junta de Andalucía los enumera, pudiendo estar en fase de redacción de los proyecto o ya en ejecución. Son los casos de Almodóvar del Río, Rambla y Montalbán y Posadas (Córdoba); Genil-Cubillas (Granada); Jódar, Martos y Torredonjimeno (Jaén); Medio Andarax (Almería); Trebujena (Cádiz); Lora del Río y Alcolea del Río-Villanueva del Río (Sevilla), cuya gestión corre a cargo de la Junta de Andalucía. A cargo del Estado está la ejecución un proyecto para eliminar nitrógeno y fósforo en el Condado de Huelva y una planta en Guillena (Sevilla). Las infraestructuras de San Roque-Los Barrios (Cádiz) y la planta de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva) dependen de las administraciones central y autonómica. La de la estación de Estepa (Sevilla) es responsabilidad de la administración local.

Estado de las infraestructuras

De los 16 núcleos urbanos andaluces señalados por la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa de tratamiento de aguas residuales, seis están aún sin iniciar, en fase preparatoria de licitación o en el curso de la redacción de los contratos: Almodóvar del Río y Posadas (Córdoba), el núcleo Genil-Cubillas (Granada), Trebujena (Cádiz); Alcolea-Villanueva del Río (Sevilla); y Jódar (Jaén). De ellos diez corresponden a lugares donde las obras, ya sean de agrupación de vertidos o de estaciones de depuración, están en ejecución o ya funcionando, según la información de la Consejería de Agricultura. Son los casos de Lora del Río, Guillena y Estepa (Sevilla), Martos y Torredonjimeno (Jaén), Medio Andarax (Almería), Rambla Montalbán (Córdoba), Condado de Huelva, San Roque-Los Barrios (Cádiz) y Moguer y otros (Huelva).