El interventor de Huelva asegura a la juez que hubo "menoscabo" de los fondos públicos en los cursos de formación

El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ha asegurado este jueves a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la pieza separada de los directores del SAE en la macrocausa de los cursos de formación, que realmente existió un “menoscabo” de fondos públicos en relación con las subvenciones para la realización de actividades de formación.

A preguntas de la acusación popular que ejerce el PP, el interventor ha explicado que en su opinión se produjo ese menoscabo por la concesión y justificación de las subvenciones “sin cumplir los requisitos legales y a veces sin exigir los reintegros” correspondientes de las entidades, según han indicado fuentes del caso.

De la misma forma, entiende que hubo ese “menoscabo” porque se concedieron subvenciones a empresas que tenían “pendientes de justificar ayudas anteriores y sobre las cuales no existía una resolución de exoneración”.

En esta misma línea, el interventor sostiene que el hecho de que haya fiscalización previa o Control Financiero Permanente (CFP) “no garantiza” que no pueda haber un delito porque, ha añadido, los certificados de finalidad se pueden falsear.

El interventor en Huelva ha ratificado de esta forma la declaración que hizo en marzo pasado durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de los cursos, donde afirmó que en su criterio “sí ha habido un claro menoscabo, el daño está hecho, pueda o no reintegrarse el dinero" por los expedientes con irregularidades, dado que el "daño es real", como lo apuntó en los informes elevados a la Intervención General.

García Bermúdez también dijo en sede parlamentaria que no cree que "haya una mano negra o siniestra" detrás de las irregularidades detectadas, pero que es seguro que ha habido una "relajación general en los mecanismos de control", ya que, al menos en su provincia, el cien por cien de los expedientes tienen alguna irregularidad.

Ante la juez, el interventor de Huelva ha ratificado que prácticamente el cien por cien de los expedientes de formación contenían “graves irregularidades”, y ha añadido que incluso hizo algún “reparo” a la concesión de la ayudas durante la fase de fiscalización previa.

Por su parte, el interventor provincial de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, que también ha comparecido como testigo hoy ante la juez María Núñez Bolaños, ha reconocido que había “facturas inadecuadas, gastos exagerados y gastos no procedentes”.

Otras fuentes han explicado que los interventores están igualmente exponiendo en sus declaraciones que en un primer momento, a la hora de montar los expedientes, se cumplían los requisitos para el pago del 75% de las subvenciones, y han advertido que a la hora de elaborar los informes especiales de los años 2009 a 2012 es donde aprecian las irregularidades porque no disponían de determinada documentación, puesto que los informes especiales se elaboraron con el exclusivo soporte de los documentos suministrados.