Fernández defiende que la Intervención avaló en 2001 el sistema para el pago de las ayudas

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo pudo detener el pago de las ayudas en el año 2001 y sin embargo avaló el sistema. Esta es la tesis que ha defendido este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a quien la Fiscalía reclama una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con el pago de las ayudas a la prejubilaciones entre el periodo 2000 y 2009.

En su segunda jornada de exposición del informe definitivo, la defensa del ex consejero de Empleo ha afirmado que la intervención delegada en la Consejería de Empleo "conoció el destino de las transferencias de financiación" desde el año 2001, cuando comenzaron a utilizarse las trasferencias al IFA para el pago de las ayudas, por lo que ha subrayado que desde ese mismo año podía haber emitido un "reparo" a estas ayudas que hubiera "suspendido" la tramitación y la efectividad de la transferencia de financiación, con lo que "el dinero no habría salido de Empleo ni llegado al IFA".

El letrado ha recordado en este punto las afirmaciones realizadas por los peritos de auxilio judicial respecto a que "cerrado el grifo, se acabó el agua", por lo que ha concluido que el interventor delegado "pudo y debió reparar suspensivamente las transferencias de financiación, lo que hubiera suspendido el pago" y el sistema por el que se pagaban las ayudas habría llegado al conocimiento del "Consejo de Gobierno" de la Junta.

Del Hoyo ha tildado de "llamativo" que en el informe de los peritos no se haga referencia al conocimiento de la intervención delegada del destino de las transferencias de financiación -uno de los interventores delegado llegó a estar imputado en la causa- y en cambio el dictamen pericial contenga precisamente lo contrario: que no hay constancia de que la Intervención General de la Junta comunicara a la intervención delegada las irregularidades ni que ésta conociera por otros medios dichas irregularidades.

El misterio de la Caja 5

En este punto, el letrado ha subrayado que esta "grave" afirmación en la "prueba reina" que sostiene las tesis acusatorias es "incompatible con la copiosa información que los peritos han manejado" y así se ha referido a la denominada "Caja 5" de la documentación que consta en la macrocausa, donde están los expedientes de gasto en los que se fiscalizaban las transferencias de financiación y en los que se pondría de manifiesto que no se ha ocultado a la Intervención delegada en Empleo el sistema empleado para el pago de las ayudas.

Para la defensa de Fernández es "inconcebible" que los peritos puedan mantener que el interventor delegado no conocerá la existencia de las irregularidades porque en esa documentación consta además unido el convenio marco de 17 de julio de 2001, que recogía "con claridad que el IFA pagaría las ayudas" concedidas por la Consejería de Empleo.

Pero la Intervención General, a través de la Intervención delegada, "fiscalizó de conformidad y con pleno conocimiento" los expedientes de transferencias de financiación en aplicación del convenio marco de 2001 y los otros convenios particulares que se suscribieron, por que "no debería sostenerse que el crédito era inadecuado, salvo que se cuestione la fiscalización previa de conformidad", ha dicho Del Hoyo, que ha subrayado que atenta contra la lógica que la Intervención General y la intervención delegada no dijeran en ese momento nada sobre algo que les preocupaba mucho.

El defensor ha recordado que cuando los peritos de auxilio judicial ratificaron su informe en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la titular del juzgado, Mercedes Alaya, "impidió" que se les preguntara precisamente sobre el grado de conocimiento de la Intervención delegada y declaró "impertinente" la cuestión planteada por una de las defensas a este respecto, de ahí que se mantuviera "la ficción" de que el funcionario encargado del control en Empleo no sabía a qué se iban a dedicar las transferencias de financiación. "No cabe el discurso de que la Dirección General de Trabajo engañara al interventor delegado en Empleo y en el IFA", ha explicado Alfonso Martínez del Hoyo, que ha destacado que "sin el engaño al interventor" sería mucho más difícil de sostener una acusación contra "otros miembros" de la Administración, y desde ese "empecinamiento" se ha pasado a decir que a quien se engañó fue al Parlamento de Andalucía.

Los parlamentarios no eran unos "perfectos ignorantes"

La defensa ha sostenido que las transferencias de financiación no eran contempladas "con carácter genérico" para cubrir las pérdidas en el IFA/IDEA, sino como transferencias "de carácter finalista" que iban destinadas al pago de las ayudas a las prejubilaciones y a proyectos de viabilidad de las empresas en situaciones de crisis.

Y de ahí, el letrado ha defendido igualmente que el Parlamento andaluz tuvo conocimiento del programa 31L y de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas. "El legislativo andaluz conoció con precisión y quiso que el programa 31L se financiara con transferencias finalistas al IFA para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas", ha puntualizado Del Hoyo, que ha criticado que lo contrario sería considerar a los parlamentarios como unos "perfectos ignorantes que no sabían lo que debatían".

Así, ha criticado el "tamaño empecinamiento" de los peritos de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en su teoría de que el Parlamento fue inducido a error o engaño porque, a su juicio, lo que se hizo con la partida 31L por parte de la Consejería de Empleo fue lo que el Parlamento "decidió que debía hacerse año tras año al aprobar la ley de Presupuestos" y, en este sentido, ha detallado la pluralidad de operadores que habrían tenido conocimiento del programa desde la fase de elaboración de los Presupuestos hasta la aprobación de las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida para el pago de las ayudas.