Aguayo denuncia que este juicio ha puesto "patas arriba el ordenamiento jurídico y el Derecho Penal"

La defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha defendido este lunes la excepcionalidad del juicio de los ERE, dado que según su abogado, Víctor Moreno Catena, este proceso penal es extraordinario no sólo por las personas que están imputadas, los miles de folios que contiene el sumario o el año de duración, sino que la "sorpresa y el asombro" del procedimiento deriva de que ha puesto "patas arriba nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Penal" al considerar que "una ley pueda ser ilegal", en alusión a las leyes de Presupuestos que cada año, entre 2001 y 2010, avalaron el uso de las transferencias de financiación para el pago por parte del IFA de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo.

Al inicio de su informe definitivo, la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, ha advertido que las acusaciones tienen como "referente de fe" que los acusados se organizaron para engañar al Parlamento andaluz, sin que los parlamentarios supieran lo que estaban aprobando en relación con las ayudas, ha señalado el letrado, que ha dicho que éste es un juicio a la "potestad legislativa" del Parlamento, por cuanto la ley aprobada por la Cámara andaluza "sería errónea o nula" o los parlamentario habrían contribuido a la comisión del delito que se está enjuiciado.

Que las acusaciones mantengan que "existe una ley ilegal" es para Moreno Catena un "auténtico disparate jurídico", porque "no se puede hablar de una ley ilegal o errónea", ha insistido el defensor, que ha rechazado la tesis de las acusaciones de que durante diez años se arbitró en la Junta de Andalucía un mecanismo para el pago de las ayudas mediante "resoluciones groseramente injustas, con un sistema totalmente opaco que permitía conceder las ayudas sin control y sin procedimiento".

De esta forma, afirma el letrado, se está dejando de lado que la aprobación de la ley la realiza el Parlamento y no el Gobierno de la Junta, criticando además que se atribuya una "responsabilidad colectiva" a los acusados, "sin discernir ni especificar las responsabilidades que se les atribuyen a cada uno de ellos", acusándolos por pequeños grupos en razón del momento en que desarrollaron sus cargos y que todos son autores de delitos en la medida en que hayan tenido contacto con las ayudas.

Sobre el supuesto engaño al Parlamento que sostienen las acusaciones, aunque "con más énfasis el señor Turrión" -ha afirmado en referencia al portavoz de los peritos de la IGAE-, ha considerado que se trata de un razonamiento "engañoso y que contiene una falacia", puesto que "salta de la presupuestación al momento del control del gasto, dejando huérfano el núcleo central de la exposición", al eludir que los presupuestos eran aprobados por la Cámara andaluza.

La defensa de Aguayo, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, también ha rechazado la supuesta reunión del año 2005 en la que el ex director de Trabajo Javier Guerrero aseguró que se avaló el sistema de las ayudas. Guerrero declaró que esa reunión tuvo lugar en la sede de la Consejería de Economía, con la asistencia de Carmen Martínez Aguayo, el entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el interventor general Manuel Gómez, con motivo del informe adicional de IDEA del año 2003 -que incluía el uso inadecuado de las transferencias-, donde según Guerrero se concluyó que "no había razones de legalidad" que hicieran necesario cambiar el procedimiento de concesión de las ayudas, por lo que Empleo decidió continuar haciendo las cosas de la misma manera y respondió a es informe adicional defendiendo el sistema implantado.

El letrado de la ex consejera de Economía ha asegurado que esa reunión "nunca tuvo lugar, ni en el momento al que se refiere ni en ningún otro" y ha destacado que se trata de la declaración de un coimputado que no ha sido ratificada en el juicio.

La defensa también ha criticado el informe pericial elaborado por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), recordando en primer lugar que son "peritos de auxilio judicial" que fueron nombrados por la instructora y que se están "jugando su prestigio y sus muchas horas de dedicación", pero ha criticado que hayan sido incapaces de admitir alguna duda con respecto a su trabajo y han defendido que las transferencias de financiación para el pago de las ayudas son "ilegales" y que ayudas son subvenciones, por lo que a su juicio se ha "pervertido el sistema". Moreno Catena ha censurado que los peritos aludieran a las "70 normas" que avalaban sus tesis "como si un debate jurídico fuera al peso".

En cuanto a la fase de presupuestación, el letrado ha explicado que la consejería de Hacienda ni la viceconsejería pueden "imponer líneas de acción política al resto de las Consejerías", explicando que cada una de las viceconsejerías plantea su presupuesto de gastos y desde la viceconsejería de Hacienda se estaba "un diálogo con el resto" sobre la envolvente financiera, pero no se discutían "programas concretos sino el techo de gasto".

También ha dicho que Hacienda recogía las prepuestas de normas de contenido presupuestario, especialmente las elaboradas por la Intervención General de la Junta, pero "ninguna propuesta planteaba una regulación específica de las transferencias de financiación, pese a que la Intervención conocía el uso de las transferencias y su supuesta inadecuación presupuestaria".

La "demonización" de las transferencias

Moreno Catena ha destacado la "demonización" de las transferencias presupuestarias como instrumento presupuestario y en este sentido ha subrayado que parte de dos "premisas falsas": que cada instrumento tenía una finalidad concreta establecida y que el instrumento estaba perfectamente delimitado; y ha añadido que en la época en la que Aguayo estuvo en el cargo había una "gran confusión" entre los instrumentos que los gestores podían usar para la financiación de las empresas públicas, una confusión que también existía en los órganos de control, no sólo en los gestores, ha afirmado. Esa confusión no se solventó hasta la aprobación de la ley 7/2013, que reguló lo que debía entenderse por transferencia de financiación y su destino específico.

Así, ha señalado, reiterando a otra de las defensas, que esto podía conducir a un "gobierno esquizofrénico", que por un lado fija las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y por otro presenta un proyecto de ley de presupuestos donde se limita esa finalidad, en relación a que como sostienen las acusaciones las transferencias sólo pudieran utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa que las recibía. "Las transferencias de financiación son legales puramente porque lo dice la ley y lo puede decir", ha aseverado Moreno Catena, que ha recordado que año a año se aprobó una transferencia "perfectamente conocida con la mera lectura del estado de gastos, sin tener que ahondar en ningún documento anexo", ha concluido.