La Junta de Andalucía anuncia un plan de choque para poner en alquiler 20.000 VPO nuevas en cinco años

Los datos oficiales del Banco de España cifran en 90.000 las viviendas que hacen falta en Andalucía. Y para tratar de abordar este problema el Gobierno andaluz ha anunciado que pretende poner en el mercado del alquiler 20.000 nuevas VPO con un plan de choque durante cinco años. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley de Vivienda que inicia así su trámite de exposición pública. El objetivo del Ejecutivo es tratar de responder a un problema social cada vez más grave y que afecta sobre todo a los jóvenes, que no pueden emanciparse. Sobre todo porque según el INE, cada año se forman en Andalucía unos 25.000 hogares nuevos.

La ley cuenta con una Disposición Adicional que incluye este plan de choque y la intención de la Consejería de Fomento es aplicarlo a la mayor brevedad posible, sobre todo porque dicho plan tiene una vigencia de cinco años y pretende paliar el problema mientras la nueva normativa andaluza entra en vigor. Desde el Gobierno andaluz consideran que la ley estatal de vivienda es la responsable de que se estén retirando muchas del mercado del alquiler; los propietarios privados no encuentran seguridad jurídica en la norma y eso está perjudicando a quienes buscan una vivienda.

Frente a este modelo de gestión "intervencionista", tal y como lo califican, el Ejecutivo autonómico apuesta por flexibilizar el mercado para que se construyan más pisos que puedan responder a la demanda. Por ello este plan de choque pretende poner a disposición suelos y nuevas viviendas en el menor tiempo posible. Para ello va a permitir construir VPO en alquiler permanente en suelos dotacionales públicos sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado. También permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.

Rocío Díaz ha explicado que estos suelos los tendrá que determinar cada ayuntamiento siempre teniendo en cuenta que hacen referencia a espacios sin uso excluyendo los destinados a uso educativo o sanitario.

Más oferta

Una de las principales novedades de esta ley es la creación de una bolsa de suelo para vivienda asequible que podrá que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler. Rocío Díaz ha detallado que su objetivo es dinamizar el mercado con el objetivo de que haya más oferta disponible. Para ello prevé impulsar la colaboración público-privada y simplificar la construcción de vivienda protegida, asimilando sus requisitos a la de renta libre.

La Junta también contempla subvenciones para los promotores públicos y privados y la ley crea la figura de áreas prioritarias, definiendo como tales en las que hay más dificultades para el acceso a la vivienda. En estas zonas está previsto que se concentren las ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan. Resulta curioso destacar que la consejera de Fomento y Vivienda ha detallado expresamente que en esta norma no se regulan las viviendas turísticas, que ya cuentan con un decreto propio y cuya autorización depende de los ayuntamientos.

Inventario

Uno de los problemas del parque público de vivienda de la Junta es la falta de información real con la que cuenta la administración. Por eso en esta ley se plantea la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados, que sirva también a los usuarios. También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía. 

Según el Gobierno andaluz, el anteproyecto de ley "ha surgido del del diálogo y del consenso, reflejando en el texto las aportaciones recibidas de los agentes del sector durante el periodo de consultas públicas. Con sus aportaciones, la futura norma busca el equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias. El documento actual es un borrador sobre el que ahora se trabajará durante el periodo de tramitación".