La Junta enfría el cobro de la entrada en los museos andaluces
La nueva consejera de Cultura condiciona el fin de la gratuidad a que los andaluces tengan garantizado el acceso
La norma interfiere en políticas de Hacienda y Administración Pública
La Junta de Andalucía planteaba ingresar 7,8 millones tras suprimir la gratuidad de los museos
La Consejería de Cultura ha decidido suspender sine die el cobro de la entrada en los museos andaluces. Aunque el anterior consejero, Arturo Bernal, había fijado para este verano la implantación de la medida en ocho de los 34 complejos museísticos que contemplaba el borrador del acuerdo, una decisión que se postergó luego a otoño, la nueva consejera, Patricia del Pozo, ha descartado volver a concretar una fecha con el objetivo de “hacerlo correctamente”. La nueva consejera de Cultura ha condicionado el fin de la gratuidad de los museos y conjuntos culturales a que los andaluces tengan garantizado el acceso y a que lo recaudado revierta en las infraestructuras culturales.
La renovada Consejería de Cultura enmienda con esta decisión la gestión de la anterior. El equipo que ha regido las políticas culturales hasta la crisis de Gobierno del 1 de agosto había redactado el borrador del acuerdo que diferenciaba en tres tramos el cobro de las entradas. La norma estaba avanzada. Contaba ya con una memoria económica firmada por la Dirección General de Museos y el informe del letrado. El anuncio del fin de la gratuidad de las entradas a los museos recibió sin embargo una contestación extraordinaria de la opinión pública. El resultado ha sido el suspenso provisional. La Consejería de Cultura ha aclarado a este periódico que está “en el punto lógico de la llegada de un equipo nuevo” y “el análisis de todas las cuestiones que están sobre la mesa”, pese a que el plan del cobro de las entradas corresponde al equipo de la anterior consejera, el mismo que ahora está al frente de Cultura.
Sea como sea, Del Pozo hizo unas declaraciones el jueves en una entrevista en Canal Sur Televisión en las que evitó poner una fecha a la puesta en marcha del cobro de las entradas, alegando que “no es cuestión de correr, sino de hacerlo correctamente”. La última fecha anunciada fue otoño. La consejera la niega ahora. El argumento, según ese “análisis de todas las cuestiones sobre la mesa”, es que “deben poder garantizarse dos cuestiones básicas”. A saber, “que la situación económica de los andaluces no sea ningún impedimento para poder acceder a cualquier espacio cultural” y que “todo lo que se recaude revierta en el mantenimiento de los equipamientos, las infraestructuras culturales y de nuestra cultura”, afirmó Del Pozo.
Los requisitos y exenciones del acuerdo normativo
Lo que proponía el texto del acuerdo normativo de Arturo Bernal, ahora aplazado, era el establecimiento de tres tramos de precios –de dos, cuatro y seis euros– para todos los usuarios, incluidos los ciudadanos andaluces, que hasta ahora no habían tenido que abonar el precio de la entrada a los museos. El ingreso previsto, conforme a unos precios mayores, era de unos ocho millones de euros. La recaudación de esos ingresos, según recoge la memoria económica del proyecto normativo, debía destinarse a la “restauración y conservación de las colecciones, las necesidades de actuación sobre las propias infraestructuras que albergan dichas colecciones o las necesidades de adquisición de nuevos fondos para las colecciones permanentes”, entre otros. Son los mismos requisitos que pretende la actual consejera.
El acuerdo planteaba también mantener la gratuidad para todos los visitantes cuatro días al mes, la gratuidad para los usuarios menores de 18 años, los mayores de 65, las personas en situación legal de desempleo y las que estén afectadas por un grado de minusvalía de al menos el 33% y la persona que lo acompañe para ayudar, los titulares del Carnet Joven Europeo, los miembros del patronato del museo correspondiente o asociación de amigos o fundación del museo correspondiente, así como de la Asociación Andaluza de Museólogos. Es dable ampliar esta gratuidad a los residentes en Andalucía.
Sin necesidad de “tomarlo a la ligera”
Así lo ve posible la presidenta de la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía (AMMA), Maloles Cebrián, quien cree que, en efecto, la decisión del cobro a los usuarios no debe “tomarse a la ligera”. Aunque en el seno de la AMMA hay posiciones encontradas, pues considera que el acceso de la población a los museos y su conservación deben estar garantizadas, Cebrián ha destacado el interés de su colectivo en participar “en un debate abierto al que se invite a los profesionales del sector” y que la norma resultante “vaya en beneficio del mayor número posible de ámbitos”.
Sobre la aprobación de una norma que iba de camino a “tomarse a la ligera”, la presidenta de la AMMA ha explicado que es algo que “no sólo atañe a Cultura sino a otras administraciones, como Hacienda o Administración Pública”. “Es una decisión con un gran impacto administrativo y legislativo”, avisa a este periódico Cebrián, quien ha aclarado que se trata “de cuestiones que no sólo afectan al campo presupuestario sino a la reconfiguración de las tareas del personal funcionario. Los trabajadores deberían asumir tareas de manejo del dinero, algo que no está contemplado en el convenio sectorial y en las funciones que tienen asignadas. Hay muchos flecos que habría que atar”. Cebrián ha sido comprensiva con la contestación que provocó el desarrollo de la norma: “En el sector levantó polvareda la premura con la que la anterior Consejería pretendió implantar la medida, se debería haber consultado al sector”.
Los andaluces encuestados por la Junta se opusieron al pago en el acceso
El anuncio del fin de la gratuidad de los museos desencadenó una formidable contestación pública en Andalucía. Fue en el mes de mayo. En aquellas semanas, tiempo en que la gestión del turismo y la cultura correspondían a una única consejería, el consejero, Arturo Bernal, negaba por activa y por pasiva la adopción del cobro de un tributo a los turistas. La llamada tasa turística sigue dando tumbos en los discursos políticos sin una concreción real. Para justificarlo, el consejero blandió una encuesta en la que los andaluces entrevistados se oponían a dicho gravamen. En la misma encuesta, en un apartado que no trascendió a las notas oficiales ni a los titulares de prensa, los encuestados proponían también la gratuidad de los museos para los residentes, en contraposición a los turistas. Y hasta ahora.
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