Una ley para levantar el velo de invisibilidad de las mujeres en el campo y la mar

Una norma en pleno siglo XXI para defender la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y pesqueras, así como la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Eso es lo que aprobó este miércoles el Parlamento andaluz bajo el nombre del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, una norma impulsada por la Consejería de Agricultura y que no logró el apoyo del resto de fuerzas políticas en la Cámara andaluza.

En opinión de la mayoría de los grupos de la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía por “poco ambiciosa” y por ser una “oportunidad perdida” para reivindicar el papel de las mujeres en un entorno que todavía les es abiertamente hostil. Los diputados de Vox votaron en contra porque la ley defiende la “agenda 2030 y el feminismo” y ellos reivindican una “brecha maternal” en lugar de una de género.

En medio, siete asociacionesde mujeres, seis del campo y una del mar, la Asociación de Mujeres de la Pesca, apoyando una norma que recoge los más básicos derechos laborales de las mujeres y en cuya elaboración han participado. 

El objetivo final del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía pasa por eliminar las barreras estructurales, económicas, administrativas y sociales que dificultan la participación de las mujeres con las mismas oportunidades profesionales que los hombres, buscando así no sólo la igualdad que recogen las leyes básicas en vigor sino también que el sector agroalimentario y pesquero sea atractivo para las generaciones futuras. Porque una de las principales preocupaciones del sector, clave en la industria andaluza, es precisamente el relevo generacional y fijar la población rural.

La norma también persigue fomentar la incorporación de las mujeres a los órganos de dirección de cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales. Para ello establece un plazo de un año desde la aprobación para alcanzar una presencia equilibrada de ambos colectivos en los órganos de gobierno de los Grupos de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola de Andalucía. 

Eso y también que puedan desarrollar una carrera profesional en ambos sectores y ascender en sus empleos en los mismos, que fue precisamente donde puso el foco el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en el pleno.

El gasto real

La sesión plenaria de este miércoles estuvo también marcada por la comparecencia de la consejera de Hacienda, Carolina España, sobre la ejecución real del Presupuesto 2024. En plena tramitación de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2025, Carolina España tuvo que dar explicaciones sobre cómo se ha gastado el dinero previsto para el año que ahora termina. Según entiende España, “es tramposo” puesto que falta la ejecución del último trimestre, en el que más se gasta. Por eso dio los datos de 2023, según los cuales en ese año, la Junta se gastó el 98,3% de lo presupuestado.

Desde Por Andalucía, Inma Nieto aportaba otros datos obtenidos de la Oficina de Control Presupuestario: el año 2023 se cerró “con 4.300 millones de euros sin gastar” y puso ejemplos concretos: 907 millones en Agricultura o 642 en Educación. Desde el PSOE aprovechaban para recordar la investigación judicial de los contratos de emergencia del SAS, “quizás lo que quieran es seguir adjudicando a dedo 1.225 millones de euros cada año”.