La libertad de expresión de Alaya

Que los jueces tienen derecho a la libertad de expresión es evidente, pero que en su caso el ejercicio de ese derecho tiene algunos límites, también. En palabras del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, esas restricciones vienen determinadas por la necesidad de salvaguardar la autoridad, independencia e imparcialidad del Poder Judicial, prevista en el artículo 117 de la Constitución Española y, en definitiva, por la confrontación con el derecho fundamental que consagra su artículo 24.2: “el derecho a un juez imparcial e independiente, derecho fundamental de todos los ciudadanos y básico para la convivencia social”.

En cualquier caso, el promotor de la Acción Disciplinaria vuelve a salvar a Alaya. Primero archivó la queja del Consejo Fiscal, al estimar que la magistrada de la Audiencia de Sevilla no incurrió en una falta de consideración a los miembros del Ministerio Público por unas declaraciones efectuadas en un foro informativo, y ahora ha archivado otra queja, en este caso del ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera porque, según el promotor de la Acción Disciplinaria, las declaraciones de la juez sobre la absolución de Lopera están amparadas en su derecho a la libertad de expresión.

Hasta el CGPJ llegaron cuatro quejas, dos de las cuales ya han sido archivadas por diferentes motivos, mientras que el responsable de investigar las infracciones de los jueces aún debe pronunciarse sobre las críticas que le hicieron los propios jueces de Instrucción de Sevilla y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, uno de los ex altos cargos que han sido enjuiciados en el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

En el caso de la queja de los fiscales, estos acudieron al CGPJ porque entendían que las declaraciones de Alaya ponían en entredicho, “con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”.

La Fiscalía recordaba que en una conferencia en el club Siglo XXI, Alaya afirmó que atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de los procedimientos de corrupción sería “como tener al lobo metido dentro del gallinero”.

En este caso y a diferencia de las declaraciones ante los periodistas donde Alaya habló del caso Betis –en un “abordaje inesperado” de los informadores, según la juez–, sí existe una grabación que el promotor de la Acción Disciplinaria pudo visionar para llegar a la conclusión de que las manifestaciones de la magistrada de la Audiencia contenían una crítica dirigida al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en lo referente al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, pero no a los miembros de la carrera fiscal, de quienes la magistrada dijo expresamente que son “excelentes profesionales”. Por ello, el promotor sostuvo que no cabe apreciar el elemento subjetivo de culpabilidad que caracteriza toda infracción disciplinaria.

La junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que está integrada por 21 magistrados, también expresó en mayo del año pasado por unanimidad su “profundo malestar” y el “absoluto rechazo” por las declaraciones de Mercedes Alaya, en las que criticó con vehemencia la labor de sus compañeros.

La junta de jueces lamentó los comentarios que Alaya realizó con respecto a sus “compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla”. Los jueces unieron en esta queja las críticas realizadas por Alaya a su sucesora en el juzgado de Instrucción número 6, la juez María Núñez Bolaños.

La última queja que tiene sobre la mesa el promotor de la acción disciplinaria es la efectuada por el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, quien protestó ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al estimar que las declaraciones de Mercedes Alaya en las que criticaba las injerencias del Poder Judicial y a sus compañeros, pretenden “condicionar” al tribunal que le ha juzgado a ély a otros ex altos cargos por el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

En la carta, el ex interventor general de la Junta se mostró “ofendido y perjudicado” por las declaraciones de la juez Alaya, y apuntó que estas manifestaciones tendrían como objetivo, a su juicio, “bien directamente, bien a través de la creación de un estado de opinión en la sociedad, condicionar al tribunal sentenciador y a las acusaciones”.

La reserva de las acciones civiles

Manuel Gómez rechazó igualmente las afirmaciones de Alaya respecto a que la Junta estaría absteniéndose de reclamar la responsabilidad civil de los ex altos cargos y que cuantifica en 850 millones de euros.

Sobre este aspecto, recuerda el interventor que la Junta “se ha reservado expresamente el ejercicio de la acción civil”, y en cuanto a la cifra de 850 millones del presunto fraude, destaca que esa cifra “no está determinada” aún porque no se ha dictado sentencia en ningún proceso y además en esa cantidad se incluyen las cantidades “que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo”.

El interventor concluyó afirmando que estas manifestaciones, que tilda de “profundamente erradas y desafortunadas” de Mercedes Alaya, por cuanto “persiguen, notoriamente, socavar el prestigio, la honorabilidad y el respeto que a todos los ciudadanos nos debe merecer una institución como es la Administración de Justicia”, y concluye que las mismas podrían ser constitutivas de infracciones disciplinarias, como faltas “muy graves”, de acuerdo con los artículos 417 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial.

El promotor ya ha archivado dos de las cuatro quejas presentadas contra Mercedes Alaya, quien de momento no ha sufrido más “abordajes inesperados” de los periodistas.