Las listas de espera de la atención temprana incumplen la normativa andaluza

“Lo llevé a la pediatra. Me dijo que era una sospecha de autismo. Lo derivó al centro de atención de intervención temprana, donde me dijeron que iban a tardar meses. Como soy sanitaria, tardaron algo menos, pero la espera fue desesperante”. El testimonio desesperado de esta mujer que vive en un pueblo andaluz y que tiene a su cargo a un niño autista con menos de tres años podría trasladarse a la boca de las cientos de familias andaluzas que engrosan las listas de espera de atención temprana, una prestación del sistema público andaluz que persigue garantizar la salud de la población con menos de seis años que sufren trastornos de la comunicación y del lenguaje, retraso evolutivo o trastornos del espectro autista. Las estadísticas promedios de este servicio público en Andalucía señalan que los tiempos de espera doblan los días establecidos en la norma vigente y que “urge adecuar la ratio de personal a la demanda” en los centros de valoración, que están “saturados en la actualidad”.

Esta urgencia no es más que un subrayado del borrador del primer plan de atención temprana de Andalucía para el periodo 2024-2028 al que ha tenido acceso este periódico. Y la urgencia y la desesperación proceden de las conclusiones y de los datos incluidos en el citado plan, elaborado por los técnicos de la Consejería de Salud. A saber, los días que tienen que esperar las familias para que los niños sean evaluados en las unidades de seguimiento y neurodesarrollo registran una media de 69 días en Andalucía, en el global de la región. Esa cifra es 39 días mayor que lo que indica el Decreto 85/2016 del 26 de abril. 

Las listas de espera varían por provincias. El espectro está entre los 86 días de promedio de Sevilla, los 73 de Jaén y los 60 de Huelva y Granada –justo el doble de los 30 días que prescribe la normativa–, a los siete días de media en la provincia gaditana, los 16 días de Córdoba, los 23 de Málaga y los 54 de Almería. Estas cuatro provincias se sitúan dentro de la legalidad que, en general, como promedio, incumple el conjunto de la comunidad autónoma.  

Un contexto desfavorable

Aparte de la norma mencionada, el Parlamento aprobó el año pasado la Ley 1/2023 de 16 de febrero por la que se regula la atención temprana en Andalucía. Después de Murcia y Canarias, es la tercera legislación autonómica en materia de asistencia temprana para la población infantil. El contexto de la regulación contiene varios elementos. Uno es el de la inexistencia de una ley básica estatal que obligue al establecimiento de unas prestaciones mínimas en todo el país. El segundo, y no menos principal, es el de una creciente demanda de los servicios por parte de las familias. El número de las derivaciones se ha incrementado incesantemente en todas las provincias andaluzas, pasando de 7.602 menores en 2017 a 13.807 en 2022. La demanda casi se ha duplicado. En concreto, el aumento de las peticiones de valoraciones en las unidades de seguimiento y neurodesarrollo ha sido del 82% en el conjunto de Andalucía.

Las familias son las principales detectoras

Esta subida del 82% en el número de derivaciones no se ha acompañado de una subida de profesionales para mantener el criterio de los 30 días en la valoración de los menores. Esto ha generado “tiempos de espera excesivos, lo que genera una gran insatisfacción por parte de los profesionales y de las familias”, menciona el plan, cuyo texto advierte además de los problemas que ha de tener en cuenta la administración para prestar correctamente un servicio avalado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 y en la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia de 2021. “Las familias, las principales detectoras de las señales de alerta en el desarrollo, tienen dificultades para acceder al sistema de atención temprana cuando el personal que les atiende no reconoce estas alertas”, avisa el borrador del documento actualmente en proceso de exposición pública. Y más: “Existen problemas de infradiagnóstico en base a la insuficiencia de recursos, falta de formación del personal sanitario encargado de la detección y el desconocimiento de los recursos con los que cuenta el sistema de Atención Temprana”.

“Para disminuir la demora en la valoración y poder dar una respuesta a las familias en el plazo establecido, según recoge la Ley de Atención Temprana, se necesitaría adecuar los recursos en función de la demanda a las diferentes unidades de seguimiento y neurodesarrollo”, recoge el plan en el apartado de necesidades de cara al futuro.