Casi la mitad de ayudas de la Junta a autónomos están sin justificar
La Cámara de Cuentas detecta 138,5 millones de euros sin verificar del plan de fomento del autoempleo entre 2007 y 2013 El informe critica "la falta de control" y el abuso de exoneraciones
"Falta de coordinación, seguimiento y control así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas" en el marco del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía entre 2007 y 2013. Ésta es sólo una de las conclusiones del demoledor informe que ayer hizo público la Cámara de Cuentas, órgano de extracción parlamentaria encargado de la fiscalización del dinero público. El documento viene a poner sobre la mesa que las subvenciones destinadas a los autónomos se repartieron con escasa o nula voluntad de control por parte de la Junta de Andalucía. Prácticamente un calco del escándalo sobre el control de las ayudas a la formación, ya que la Cámara alerta en este caso también sobre la manga ancha que se ha tenido en la concesión de exoneraciones a beneficiarios que recibían ayudas, sin justificar las cobradas anteriormente.
El resultado del estudio abona esta idea: el 42% de los pagos concedidos en esos años están todavía hoy sin justificar, lo que se traduce en 138,5 millones públicos pendientes de saber si han sido usados o no para los fines concedidos; esto es, el fomento de una economía cada vez más competitiva en la región con más paro de toda Europa. "Es más fácil conceder que verificar", resumió con tino ayer Gaspar Llanes, secretario general de Economía encargado, junto al director general de Autónomos, Ignacio Pozuelo, de responder en una rueda de prensa convocada de urgencia a las conclusiones del informe, que arranca estudiando las ayudas a los autónomos en tiempos del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en la trama de los ERE y en la de los cursos de formación junto con el también ex consejero Ángel Ojeda.
En cifras globales, y según la Cámara de Cuentas que preside Antonio López, el total de las ayudas concedidas a autónomos en Andalucía entre marzo de 2007 y septiembre de 2013 asciende a 356,78 millones en virtud de 15 órdenes de incentivos de diferentes órganos de gobierno.
Hasta ahora, la Administración andaluza ha hecho frente al pago de 330,95 millones, de los que 33 -un 10,1%- se han reintregado a la tesorería de la Junta por incumplimientos por parte de los beneficiarios. A septiembre de 2013, la suma de los importes en situación pendiente de justificar con plazo límite vencido y que por tanto están "abocados a iniciar procedimientos de reintegro", más los que ya se encuentran inmersos en estos procedimientos, forman un total de 138,5 millones de euros. Cifra que da ese porcentaje del 42% que ha vuelto a sacar los colores al Ejecutivo andaluz tras el análisis del modo en que ha repartido el dinero público.
"Dadas las cifras de ejecución", observa la Cámara, "se insta" a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que articule los procedimientos necesarios para gestionar "a la mayor urgencia" los importes en situación de riesgo de prescripción, así como la finalización de todas las ayudas en tramitación.
Ademas, para la Cámara, la amplia utilización de las exoneraciones "ha favorecido el incremento de los pagos materializados pendientes de justificar con el plazo vencido". El documento subraya también que las resoluciones de exoneración "adolecen de falta de motivación al utilizar términos generalistas y comunes para un conjunto de beneficiarios, sin concreción de las razones por la que dichas empresas o personas físicas cumplen con el requisito de especial interés social".
Otro de los puntos clave se refiere a las encomiendas de gestión realizadas a la agencia IDEA que, tras el encargo de Empleo en 2009, pasó a controlar hasta 47 millones de euros. El Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio también fue otro de los entes elegidos para coordinar estas subvenciones entre 2007 y 2010. Durante ese convenio se concedieron 25.421 ayudas que ascendieron a 132,4 millones, cifra que "supera en un 84,5% las previsiones del convenio para esos dos años". Sobre este convenio, la Cámara señala que ha encontrado dificultades para realizar su trabajo porque la Administración no ha aportado el expediente administrativo relativo al convenio formalizado el 30 de marzo de 2007, "necesario para verificar el cumplimiento de los términos del acuerdo".
De hecho, contrariamente a lo que cabría esperar de un programa de estas características, la Cámara detecta que "el plan no contemplaba la previsión de financiación para su ejecución. Sólo determinaba que la concesión de las ayudas se condicionaba a la existencia de dotación presupuestaria en cada ejercicio económico". Básicamente viene a decir que el montante a repartir se fijó año a año. Y "la ausencia de mecanismos de evaluación impide medir el impacto de las acciones y el cumplimiento de los objetivos" en este plan para autónomos, hoy bajo sospecha.
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