Las patronales de la construcción y la ingeniería exigen que las empresas públicas Tragsa y Tragsatec limiten sus encargos

El sector de la construcción y la ingeniería lleva tiempo expresando su creciente preocupación y descontento ante las prácticas y actuaciones de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC, ambas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El gremio lamenta que fueron creadas con el objetivo inicial de cubrir situaciones de emergencia y asistencia técnica en el ámbito rural, pero "han ampliado significativamente su ámbito de actuación, llegando a generar una competencia desleal con las empresas privadas del sector".

La Federación Andaluza de empresarios de la Construcción (FADECO CONTRATISTAS) y la Asociación empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA) han formulado, conjuntamente, alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC, ambas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El periodo de audiencia publica de este documento concluyó el pasado día 23 de octubre.

Las patronales del sector de la ingeniería y de la construcción en Andalucía señalan que "las adjudicaciones directas de contratos a TRAGSA y TRAGSATEC - amparadas en algunos casos por la Ley de Contratos del Sector Público, y en otros en abierta ilegalidad - están provocando distorsiones en el mercado". Estas empresas públicas no están sujetas a los mismos requisitos de competencia y procedimientos de licitación que las empresas privadas, lo que les otorga "una ventaja injusta". Además, se acusa a estas entidades de adjudicarse proyectos que no corresponden a situaciones de urgencia, sino a obras y servicios que bien podrían ser ejecutados por empresas privadas a través de procesos competitivos y transparentes.

"Blanquear actuaciones"

FADECO y ASICA han denunciado que el proyecto de Real Decreto, objeto de las alegaciones, no es más que "un intento de blanquear muchas de las actuaciones que TRAGSA y TRAGSATEC vienen desarrollando en los últimos años, irregularmente, ofreciendo cobertura jurídica a lo que hasta ahora se venían haciendo por las vías de hecho".

Las alegaciones presentadas, que han contado con el asesoramiento del catedrático de Derecho Administrativo de Sevilla, Juan Antonio Carrillo Donaire, en su formulación, se han centrado en destacar aquellos aspectos del proyecto de Real Decreto que ahondaban en materias y procedimientos que ambas entidades llevan denunciando desde hace años, al considerarlos "ilegales":

1. Se ha manifestado la falta de alusión expresa, en la regulación del régimen jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC, al mecanismo de control “encargo a encargo”, exigiéndose que el documento de formalización del encargo acredite, obligatoriamente, la mayor eficiencia, en términos de rentabilidad económica, de la decisión de encargar frente a licitar.
2. Se ha solicitado una regulación más precisa de las funciones de la Comisión de Control Conjunto previstas en el proyecto de Real Decreto, pues la propuesta de regulación no garantiza el control efectivo sobre la actividad de TRAGSA y TRAGSATEC como medio propio y de los encargos que recibe; control efectivo que solo existiría si la Comisión tuviera la función de aprobación previa de los encargos y de control del cumplimiento de estos.
3. Se ha propuesto la modificación del modelo de representación de la Comisión de Control Conjunto para garantizar que todos los poderes adjudicadores puedan ejercer un control análogo conjunto efectivo sobre el medio propio TRAGSA-TRAGSATEC.
4. Se ha exigido la eliminación de la regulación de dos supuestos de presunción de urgencia no previstos en la Ley de Contratos del Sector Público respecto a los cuales, además, no se hace referencia a que la declaración de urgencia, necesariamente, debe estar adecuadamente motivada.
5. Se ha expuesto "el carácter irregular" de la regulación masiva de las tarifas de aquellos encargos que no están comprendidos en el objeto social de TRAGSA y TRAGSATEC para que, conforme se sucedan los encargos, las tarifas aprobadas abarquen más y más ámbitos de actuación; además de que el método de aprobación y regularización de estas tarifas “especiales”, es contradictorio con el procedimiento general de aprobación de estas.
6. Se ha denunciado "la ilegal regulación" de los convenios de aportación establecida en el proyecto de Real Decreto, la cual es contraria al ordenamiento jurídico nacional y comunitario. Es ilegal que una Administración que no controla a TRAGSA ni a TRAGSATEC reciba y pague sus servicios porque otra que sí lo controla le “preste” su medio propio mediante un convenio de colaboración.
7. Finalmente, se ha incidido en la preocupación que a ambas entidades genera el hecho de que el proyecto de Real Decreto permita sobrepasar el límite del 50% de subcontratación de las prestaciones parciales de los encargos, normalizando esta posibilidad con carácter ordinario y sin necesidad de motivación, para los supuestos previstos, en contradicción con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público; exigiendo incorporar en el articulado una motivación reforzada cuando se requiera sobrepasar dicho límite.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe garantizar un mercado "justo y competitivo"

El sector de la construcción e ingeniería insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que dependen TRAGSA Y TRAGSATEC, a tomar medidas para garantizar un mercado justo y competitivo. Es fundamental que se promueva un entorno en el que tanto las empresas públicas como privadas puedan operar con reglas claras y equitativas, preservando así la salud del tejido empresarial y el empleo en el sector.

Las asociaciones empresariales firmantes de las alegaciones han expuesto que "la situación actual pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas privadas, especialmente pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir en igualdad de condiciones frente a compañías públicas que operan con ventajas sustanciales" y han exigido una revisión urgente del marco regulador propuesto que, de mantenerse en sus actuales términos, consolidará las prácticas ilegales que en la actualidad se vienen dando, así como una redefinición de los límites de actuación de las empresas públicas para que su intervención se circunscriba exclusivamente a situaciones de emergencia o necesidades extraordinarias, tal como fue concebido originalmente.

Alegaciones de CEACOP

Igualmente, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) también ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC. Y señala la "gravedad" de la situación, ya que "el importe de adjudicación a medios propios en 2023 ascendió a más de 3.200 millones de euros, de los que a Tragsa y Tragsatec les corresponden 1.400 millones, en obras que deberían ser realizadas por las empresas constructoras en libre concurrencia y competencia".

Coincidiendo en la mayoría de los asuntos alegados y en su fondo, las alegaciones de CEACOP refuerzan "que las competencias y actuaciones se adscriban estrictamente al ámbito y funcionalidades del ministerio, no convirtiéndose mediante artificios en un medio propio para cualquier administración y para hacer cualquier tipo de obra".

Asimismo, "las obras de emergencia pueden ser realizadas por el sector de construcción, que es el que cuenta realmente con los medios y la tecnología para ello, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público".