Las ponencias plantean exonerar a Griñán de la malversación y reducir la condena de Chaves

Las ponencias del Tribunal Constitucional plantean exonerar totalmente del delito de malversación al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por los ERE, y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al ex presidente Manuel Chaves, que fue condenado a 9 años de inhabilitación. Y es que, como adelantó ayer este periódico, los casos de Griñán y Chaves, son exactamente similares a los de los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez. En el caso de Vallejo y Aguayo, las sentencias de la corte de garantías los absuelven íntegramente de la malversación, delito por el que no podrán volver a ser condenados, y a Magdalena Álvarez también se le ha reducido la condena por prevaricación.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que la ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán propone borrar la malversación a Griñán, lo que supondría alejar definitivamente toda opción de ingresar en la cárcel -de momento la Audiencia de Sevilla decidió suspender su ingreso en prisión debido al cáncer que padece- , y hacer lo mismo casi en su totalidad con la prevaricación.

Junto a Griñán, la corte de garantías también verá, en el Pleno que arranca el próximo día 16, el borrador de la ponencia sobre el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación, que plantea reducir considerablemente los hechos que versan sobre la prevaricación, al igual que ha ocurrido con Magdalena Álvarez.

En ambos casos, se trata de algo esperado habida cuenta de que se aplicará la doctrina de las sentencias anteriores ya resueltas por el Pleno, de manera que a priori, las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

Dos sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional han bastado para dar un espectacular vuelco al caso de los ERE, trece años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción de la macrocausa. De los doce recursos de amparo que presentaron los ex altos cargos que fueron condenados a distintas penas de prisión e inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, el tribunal de garantías ha resuelto ya siete de ellos, de los cuales, salvo el caso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que fue rechazado por unanimidad porque la vulneración de derechos fundamentales se planteó "en términos genéricos", los otros seis han acabado en el dictado de sentencias que han anulado las resoluciones de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que impusieron estas condenas. Estas sentencias, eso sí, cuentan con el voto particular discrepante de los cuatro magistrados del ala conservadora que han empleado expresiones que recuerdan más a la confrontación política del caso de los ERE que a verdaderos argumentos jurídicos y recurriendo para ello a tópicos como que se trata del mayor caso de corrupción política en la historia reciente de España.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los ex consejeros socialistas de la Junta Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y Jesús María Rodríguez Román, y al que fuera director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que es el único de los ex altos cargos que ya sabe que está absuelto porque la sentencia del tribunal de garantías ha tumbado por completo su condena y no ha ordenado a la Audiencia de Sevilla, como ocurre con los otros condenados, que retrotraiga las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que vuelva a dictar un nuevo fallo teniendo en cuenta la estimación parcial de los recursos de amparo. Se abre, de esta forma, un nuevo escenario en el que la Audiencia hispalense tendrá que rebajar las condenas en la mayoría de los casos, mientras que en otros, como ocurre con Magdalena Álvarez, serán finalmente absueltas porque tras la revisión de la corte de garantías su delito habría prescrito.

Estas seis sentencias han tenido una consecuencia directa: la excarcelación de tres ex altos cargos que llevaban un año y medio en prisión. El primero en abandonar la cárcel de Sevilla-I fue precisamente Miguel Ángel Serrano Aguilar, a quien siguieron Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, aunque esta última estaba clasificada en tercer grado penitenciario desde l pasado mes de junio, con lo que disfrutaba de un régimen más favorable y ya sólo tenía que acudir al Centro de Inserción Social (CIS) a dormir.