La querella contra Alaya denuncia delitos en 26 resoluciones

Desde la orden de paralización de la venta de las acciones del Betis hasta el nombramiento de los administradores judiciales, pasando por pinchazos telefónicos de los que no se dio traslado inmediato a la Fiscalía o por el mantenimiento durante más de cuatro años y medio de unas medidas cautelares que el Ministerio Público ha pedido que se levante en más de 15 ocasiones. La querella que el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver ha presentado contra la juez Mercedes Alaya denuncia en sus 192 folios hasta 26 resoluciones presuntamente prevaricadoras -autos, providencias y ordenes verbales a la Guardia Civil-, mediante las cuales la magistrada ha venido ostentando el "control absoluto" del Betis a pesar de la "radical ilegalidad" de las medidas cautelares adoptadas en su momento y que permanecen en la actualidad.

La querella recuerda que la instrucción de la causa por el delito societario contra el máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera se inició en 2008 y que no fue hasta más de dos años después, en concreto, el 6 de julio de 2010 cuando Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver, adquiere las 59.925 acciones del Real Betis propiedad de Farusa, la empresa de la familia de Lopera, y que representa algo más del 51% del capital social.

Las acusaciones particulares reaccionaron, "como si una perfecta maniobra orquestada tuviera lugar", afirmando que la compraventa de las acciones es "simulada" y que Oliver es un "mero testaferro de Lopera, por lo que debía de evitarse la transmisión del paquete de acciones, evitando su tramitación por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Es aquí donde la querella cuestiona la primera de las decisiones de Alaya, el auto de 16 de julio de 2010 en el que la instructora acordó una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye una orden al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que no autorizara la transmisión de las acciones o suspendiera cautelarmente la decisión sobre dicha transmisión hasta que recaiga una sentencia firme en el procedimiento penal. Sin esa orden, explica la querella de Oliver, la venta estaría ya autorizada por el CSD y por tanto la administración judicial sobre las acciones de Farusa "carecería de objeto alguno, convirtiendo en irrelevantes las otras medidas de prohibición de disponer, prohibición de ejercicio de derechos políticos y administración judicial".

Esa venta simulada, según la querella, es "pura fantasía", porque Oliver "no es ni ha sido nunca testaferro o mandatario" de Lopera, a quien "ni siquiera conocía antes de la compraventa" y todo se enmarca en la "fanstamagoría de un concierto imaginario" del que no existe en los autos el "más mínimo indicio, evidencia o circunstancia que permita construir esa disparatada hipótesis".

El único motivo real de ordenar la paralización de la venta de las acciones reside en "evitar la consumación de la compraventa y con ello asegurarse el control del Real Betis que ilegítimamente ejercen sus delegados auxiliares", en alusión a los administradores judiciales.

El 3 de agosto de 2010, Alaya nombró precisamente a tres administradores judiciales (Rafael Gordillo, Luis Carlos Ruiz de Huidobro, y José Manuel Gómez Porrúa, éste último sustituido tras su fallecimiento por el abogado José Antonio Bosch), de los cuales luego se quedó sólo Bosch, que fue "cesado tras ciertas irregularidades", y por último se designó al abogado Francisco Estepa, "letrado del marido de la juez y persona próxima a éste", que administra el club verdiblanco desde el 20 de enero de 2014. Alaya designó "a su antojo" a los administradores judiciales, "prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legales prevenidos al efecto".

Los autos de 16 de julio y 3 de agosto, continúa la denuncia de Oliver, suponen el "comienzo de un iter delictivo en el que, en suma, se posterga por la querellada de manera reiterada la validez del Derecho y de su imperio, quebrantando gravemente la función judicial al sustituir la voluntad de la ley por la suya propia".

Alaya no pretendía evitar supuestos abusos de Lopera "sino hacerse con el poder del Betis, controlar la mayoría accionarial y decidir el presente y futuro del club, asumiendo objetivos ajenos a la causa que instruye", afirma el escrito de Oliver, que añade que "todo es un perfecto sinsentido; una contradicción tras otra; una permanente arbitrariedad, que sólo persigue la toma del control de una entidad deportiva de gran significado social, por parte de un órgano judicial que, con incomprensible protagonismo, pretende atribuirse la capacidad de decidir el futuro de una sociedad anónima deportiva sin justificación alguna para ello, asumiendo como propios los objetivos extrajurídicos de las minorías acusadoras".

El querellante sostiene asimismo que Alaya utilizó a los administradores judiciales como "policía judicial" y ordenó la intervención "ilegal" del teléfono de Oliver, llegando a grabar hasta 11 conversaciones que mantuvo con su abogado, unos pinchazos de los que no se dio traslado a la Fiscalía hasta "19 días" después de haberse ordenado, tiempo en el que se procedió a su ejecución "sin conocimiento alguno del fiscal ni por tanto control ordinamental de la medida". Esta investigación sobre Oliver se tramitó en secreto "durante más de siete meses" y el pinchazo telefónico se acordó sobre una motivación "absurda", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informara a la juez de que Oliver era una persona "de difícil localización", que se encontraba en paradero desconocido y que tenía una orden de busca y captura por un juzgado de Santander, una requisitoria incierta -la Guardia Civil informó después que hubo un "error en la base de datos"- según el querellante, que añade que bastaba con localizar la señal del móvil para saber su localización sin necesidad de proceder a oír las conversaciones.

Sobre las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones -Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín-, la querella atribuye a Alaya un supuesto "trato de favor" a estas entidades que instaron la adopción de medidas cautelares y a las que la juez "no sólo dispensó de la preceptiva prestación de caución o fianza -en contra del criterio del Ministerio Público-, lo que es inaudito, dada la gravedad del alcance de dichas medidas (hace casi cinco años que controlan el Real Betis gracias a ellas) sino además reuniéndose con dichas acusaciones a espaldas y en ausencia del Fiscal y las defensas".

Como culminación, la querella cita el "disparatado procesamiento" de Luis Oliver como cómplice del delito societario que se imputa a Lopera y que, continúa, pretende encubrir la verdadera razón: "que sólo procesando en estos autos a Oliver es posible mantener vigente al menos por ahora la medida cautelar de paralización del expediente de autorización tramitado ante el Consejo Superior de Deportes, medida que tendría que haber alzado necesariamente la querellada al concluir dicho sumario, pues nada tiene que ver Oliver con los hechos en él investigados".

El denunciante ve "muy serios indicios" contra la magistrada

a querella de Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya considera que existen "muy serios indicios" de por parte de la magistrada "se hayan tomado, a sabiendas y de manera injusta, decisiones que entrañan la comisión de un solo delito continuado o de varios delitos de prevaricación". La decisión de paralizar la "consumación de la compraventa de las acciones" de Farusa a Bitton Sport, así como la de otorgar a los administradores "todas las facultades y derechos relevantes que emanan de dichas acciones", mediante varias resoluciones -autos de 16 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre y 8 de septiembre de 2010, y la providencia de 30 de junio de 2010- "apuntan sin luar a dudas a la posibile comisión de un delito continuado de prevaricación". Los administradores judiciales "gobiernan a su antojo" el club con "menoscabo de los legítimos titulares de los derechos" y esa administración judicial "descansa en resoluciones injustas, que consideramos prevaricadoras, que se fundan en motivaciones irreales y contradictorias, sobre las que el Ministerio Público se ha pronunciado reiteradamente tachándolas de contrarias a Derecho", asevera la querella.