El SAS se persona como "perjudicado" en el caso del fraccionamiento de los contratos sanitarios en Cádiz

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado una providencia en la que da por personado "en calidad de perjudicado" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el caso de supuesta malversación de 235 millones de euros en el fraccionamiento de contratos del propio SAS, por el que este juzgado ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía, que denuncia la concesión "a dedo".

La providencia dictada por la juez, recogida por Europa Press, está fechada el 10 de marzo y da respuesta al escrito de la letrada de la Administración Sanitaria, con fecha 7 de marzo, que pide la personación en las actuaciones, en nombre y representación del Servicio Andaluz de Salud, "como posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas, manifestando expresamente la intención de reclamar los daños causados". Se trata del tercer intento de la Junta de personarse en el caso.

La personación de la Junta en el caso se conoce cinco días después de que el Consejo de Gobierno de Andalucía cesara al director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, y lo sustituyera por Amparo Simón, que ejercía como directora económico administrativa del Hospital Reina Sofía cordobés y de la central de compras de Córdoba.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar, en calidad de testigos a dos interventores de la Junta y dos jefes de Servicio por el caso de supuesta malversación en la concesión de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía.

Así, según la providencia dictada por la juez para esta citación, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en calidad de testigo en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.

Fue el 17 de febrero cuando la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había "abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía" que derivaría de la concesión de contratos "a dedo" por parte del SAS.

Martínez explicó que esto venía derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla "por un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa". Esa denuncia, con fecha del 1 de octubre de 2024, se presentó después de que "la Intervención de la Junta de Andalucía" hubiera "detectado un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén". "Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación 'a dedo'", advertía Podemos en dicha denuncia.

Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde el número 4 de Sevilla, acordó "incoar diligencias previas" a tenor "de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado", relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.

En la misma resolución, la juez acordaba librar "oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo", así como dar "traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar".

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había pedido personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras denuncias de Podemos y que había remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz "un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala dichas contrataciones". Además, acusó a Podemos de "utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política".

"Evolución llamativa"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha calificado como "una evolución llamativa" que el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno (PP) se persone como perjudicado en el caso de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque hasta hace poco negaba la existencia de cualquier irregularidad.

La dirigente de Podemos Andalucía, formación que denunció el caso y que investiga un juzgado de Cádiz, considera "curioso ver al Gobierno andaluz en su evolución, pasando de decir que no había caso a personarse en una causa que investiga millones y millones de euros de contratos troceados" del SAS. "El Gobierno de Moreno Bonilla se ha estado saltando la ley, ha estado beneficiando a empresas privadas, a clínicas privadas y haciendo mucho daño al Sistema Andaluz de Salud", ha denunciado Martínez.

Podemos Andalucía recuerda que fue su denuncia la que destapó este "escándalo" y señala que la Junta se ha visto obligada a reaccionar ante la contundencia de los hechos. Sin embargo, Martínez ha insistido en que este movimiento no puede servir para que el presidente de la Junta evite rendir cuentas: "Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones, porque hasta ahora solo se ha escondido. Pero ya la gente se va dando cuenta de que no hay PP bueno, que ya nos está ocurriendo como en Madrid o en Valencia".

La líder de Podemos Andalucía ha advertido de que la estrategia del PP no puede limitarse a encontrar un chivo expiatorio para calmar la indignación social: "No vale con sacrificar a una cabeza de turco. El PP lleva en su ADN la destrucción de lo público", ha sentenciado. Podemos Andalucía "continuará exigiendo transparencia y responsabilidades en este caso", al tiempo que advierte de que no permitirá que el Gobierno andaluz utilice esta personación para eludir su propia responsabilidad política en la gestión de la sanidad pública.