El ex secretario general de UGT-A no comparece ante la juez al no haberle sido notificada la citación

El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla no ha comparecido este martes a declarar ante la juez Mercedes Alaya porque no le ha sido notificado el auto de su imputación y la citación a declarar por su intervención en el ERE de la empresa Altadis, por el que la Junta abonó más de 22 millones de la Junta para financiar la prejubilación de 173 trabajadores en el año 2005.

Francisco Fernández Sevilla estaba citado a declarar a las 13:00 horas de hoy, pero su abogado, Miguel García Diéguez, ha confirmado a este periódico que no le ha sido notificada ninguna resolución, de ahí que el juzgado tendrá que volverse a citar para los próximos días. Alaya sostuvo en el auto del pasado 27 de junio, en el que imputó al ex sindicalista y a otras personas, que el acuerdo que firmaron con la compañía tabaquera suponía un auténtico 'cheque en blanco' de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados 'discrecionalmente y sin control'.Tampoco ha comparecido a declarar, por los mismos motivos, otra sindicalista de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal de esta organización, Blanca Uruñuela Aguado.

De otro lado, la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado este martes delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a un sexto hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos. En su comparecencia ante la juez, que se ha prolongado durante sólo diez minutos, Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y al término de la misma, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones particulares ha pedido ninguna medida cautelar para este nuevo imputado.La juez le ha atribuido los tres delitos en relación con las ayudas que recibieron las empresas Dhul y tres bodegas propiedad del grupo Nueva Rumasa, según han explicado fuentes del caso.

En un auto reciente, Alaya amplió los hechos en relación con las ayudas a la comercial Dhul, por cuanto señaló que esta compañía, “necesitada de fondos adicionales de más de dos millones de euros, ante un primer fracaso de ampliar una póliza, suscribió finalmente un préstamo con la Caja Rural de Granada para financiar el supuesto sobrecoste en el plan de prejubilaciones”. Al final, la dirección general de Trabajo de la Junta y la agencia Idea suscribieron un convenio por el que se abonaron otros 2.399.785,62 euros a Dhul, aunque el coste total de primas fue de 2.458.772,12 euros. Según un informe de la dirección general de Seguros, “las primas superan en 58.986,70 euros las prestaciones del seguro, lo cual indica –dada la casi nula cobertura de riesgo- que se pagó un sobreprecio sobre este seguro”.