El serial de escándalos de UGT-A acaba con su líder en apenas siete meses

El círculo se había estrechado tanto que ha acabado provocando una de las acciones más inéditas entre los usos y costumbres españoles: la dimisión. El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, la presentó ayer por la tarde, apenas siete meses después de relevar a Manuel Pastrana, asaeteado por el serial de escándalos que destroza día a día, y no sólo a escala autonómica, la imagen del sindicato. La Ejecutiva regional queda así en funciones cuando menos hasta el 9 de enero, fecha elegida para celebrar un comité extraordinario destinado a analizar la situación y determinar cuáles son los siguientes pasos. Manuel Ferrer, secretario de Organización, tomará los mandos provisionalmente.

La esencia del asunto es la utilización incorrecta de fondos públicos destinados a formación: maletines de piel (falsos), comilonas durante la Feria de Abril de Sevilla, trolleys y bolígrafos, acondicionamiento de un pabellón para celebrar un sanedrín y hasta bocadillos para los piquetes en la huelga general de 2010. La trama es tan burda que nadie la ha podido justificar. El máximo responsable de UGT, Cándido Méndez, balbuceaba una tibia defensa de su gestión el pasado domingo en un programa televisivo y admitía que también a él se le había pasado por la cabeza marcharse. Distintas fuentes sindicales señalaban ayer que la táctica de Méndez ha consistido simplemente en sacrificar a Fernández Sevilla para salvar el cuello, aunque algún veterano advertía que esa jugada "hace que los focos le apunten ahora directamente a él". Pese a todo, el dimisionario dirigente andaluz aclaró que "nadie" le ha presionado. "Me voy por un ejercicio personal de responsabilidad con mi organización", zanjó.

Méndez había anunciado el jueves que se asumirían en las "instancias" que correspondan las responsabilidades políticas que pudiera haber en la actuación del sindicato en relación con su contabilidad, con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y con la gestión de los fondos destinados a formación de desempleados.

La Junta irrumpió en escena para apuntarse el tanto de rigor. El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez, avanzó que el Ejecutivo autonómico exigirá la devolución de 1,8 millones correspondientes a dos fondos de la Consejería de Empleo liberados en 2009. Otros 30 expedientes están bajo lupa. De ellos podrían derivar desembolsos millonarios, sin contar las responsabilidades que surjan de la instrucción que practica la juez Mercedes Alaya. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, vinculó a esos expedientes abiertos por supuesto desvío de fondos la decisión final del ya ex líder de UGT-A.

"Me voy con una espina clavada. No hemos sido capaces de frenar el atropello de los derechos sociales y laborales de los trabajadores", admitía con ojos vidriosos Fernández Sevilla ante los medios tras presentar su dimisión. "Estoy orgulloso de haber estado al frente; a partir de ahora, igual que desde jovencito, seguiré defendiendo mis ideales y manteniendo mis convicciones".

El mar de fondo era bien fiero. A principios de año, UGT-A materializaba un ERE que afectaba a 159 empleados. Otro expediente, éste temporal, salpicaba a 57 personas más, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo anuló dos semanas atrás. Demasiados enemigos en casa. Demasiado riesgo de filtración. Desde dentro del sindicato se muestran sorprendidos por la "sensación de impunidad" que reinaba entre ciertos miembros de la organización.

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT valoró desde Madrid que en la dimisión de Fernández Sevilla "se anteponen los intereses de la organización a los suyos propios" y destacó su "comportamiento solidario, generoso y responsable que le viene caracterizando de siempre en su trayectoria personal", informa Efe. El responsable de comunicación del sindicato en Andalucía, José Ginel, destacó que la voluntad de la dirección es no tener que convocar un congreso extraordinario y resolver esta situación en el comité de enero cubriendo las vacantes que queden en la Ejecutiva, en caso de que dimita algún miembro más.