El Servicio Andaluz de Salud calma a los mutualistas de Muface: "Estamos preparados"
La Junta confía en poder asumir el vacío de las aseguradoras a 322.868 funcionarios pese a la subida de la demanda asistencial
Adeslas, Asisa y DKV renuncian a acudir al concierto
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que está dispuesto a asumir el servicio de los 322.868 funcionarios andaluces que disponen de la asistencia sanitaria de Muface después de que las aseguradoras hayan dejado desierta la licitación correspondiente al periodo 2025-2026. Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV han renunciado a presentarse a la licitación del nuevo concierto de Muface debido a lo que consideran unos bajos precios los ofrecidos por la Administración para el concierto sanitario.
Para el concierto de la bianualidad correspondiente a los próximos dos años, el Gobierno propuso incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en el primer año y 1.344,55 millones para el segundo, lo que suponía un incremento en la prima del 17,12%, la mayor de la historia. Sin embargo, este aumento estaba muy lejos de la subida del 38% que las aseguradoras consideraban necesaria para que la prestación del servicio no sea deficitaria.
El Gobierno central ha anunciado tiene previsto publicar una nueva licitación para el servicio médico que presta Muface, cuyo servicio expira en 2024. "Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", ha indicado el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado. El Ministerio de Sanidad está analizando los efectos que podría tener para el Sistema Nacional de Salud la absorción estos funcionarios, alrededor de 1,5 millones en el conjunto de España. El Gobierno ha asegurado que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público", según ha detallado el Ministerio.
Fuentes del SAS han informado de que las comunidades autónomas están "a la espera de las indicaciones del Ministerio" sobre el conflicto entre Muface y las aseguradoras privadas. "Como sistema sanitario estamos preparados, aunque supondría un incremento importante de la demanda asistencial, pero también expectantes con respecto a las posibles soluciones que desde el Gobierno central se le va a dar a las personas que tienen ese aseguramiento mutualista. Las personas que deseen pasar a la sanidad pública ante esta incertidumbre podrán hacerlo siguiendo el procedimiento que establezca el Instituto Nacional de Seguridad Social", han argumentado desde el SAS, según ha recogido Europa Press.
La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha elevado la cifra de afectados a alrededor de 400.000 -entre funcionarios y familiares- y ha apuntado a que se está "a la espera de que el Gobierno dé los pasos" en busca de "una solución, porque es un problema que afecta" a todas las comunidades autónomas.
De los 322.868 funcionarios andaluces que están en Muface, una quinta parte (62.023) reciben prestaciones sanitarias en la Seguridad Social. El resto se reparten entre Adeslas (109.774), Asisa (105.838) y DKV (45.227).
CSIF anuncia movilizaciones para el 11 de noviembre
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de los funcionarios. CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo; y recuerda que ya advirtió que la oferta del Gobierno era "totalmente insuficiente" y que el modelo "corría el riesgo de morir por inanición".
"Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición", concluye, recordando que el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo.
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