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La Audiencia de Sevilla modificó la prisión provisional e impuso una fianza de 10.000 euros al testaferro de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela, al estimar que su participación en los hechos era menor y actuaba en realidad como "hombre de paja" de Juan Lanzas, el supuesto conseguidor de los ERE.
El auto del tribunal argumenta que, al imponer una fianza y permitir que el imputado salga de prisión si la abona, se introduce un "factor de equidad" habida cuenta de que, "como la propia magistrada -en alusión a la juez Ana Rosa Curra, que adoptó la medida de prisión- viene a reconocer, Juan Francisco Algarín era simple testaferro u hombre de paja de otro imputado con mayor dominio funcional de los hechos" y este último, Juan Lanzas, se halla "en situación de libertad provisional".
En cualquier caso, el tribunal sí considera que hay indicios racionales de que el testaferro ha podido cometer los delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental que se le atribuyen. Así, la Audiencia señala que el propio imputado ha reconocido en sus declaraciones ante la Guardia Civil y en el juzgado que "habría participado en la distracción de fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía, abriendo y facilitando sus datos para la apertura de cuentas bancarias donde ingresar tales sumas de dinero, emitiendo facturas por servicios no prestados para justificar dichos ingresos indebidos, y entregando cuantiosas cantidades de efectivo a Juan Lanzas o a otras personas por éste indicadas".
El auto de la Sección Séptima que fijó la fianza subraya que el riesgo de que el testaferro pueda eludir la acción de la Justicia, fugándose, está minimizado por su carencia de recursos económicos y por la "evidente lejanía del juicio oral" y en este aspecto el tribunal recuerda que se acaba de abrir una nueva línea de investigación que actualmente está bajo secreto de sumario.
Juan Francisco Algarín está en prisión desde el pasado 15 de enero y en sus declaraciones reconoció que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital. También aseguró que, a veces, en lugar de sobres llevó fundas de ordenadores portátiles repletas de billetes de 200 y 500 euros. La recogida de esos sobre se habría realizado, según el imputado, siguiendo las órdenes de Juan Lanzas.
El testaferro figura como administrador de la empresa Distripack Transporte Urgente, que habría recibido cheques por importe supuestamente de 362.500 euros. La Guardia Civil detectó la presencia de al menos tres empresas dedicadas a servicios de mensajería -Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como empresas pantalla para blanquear el dinero de las "sobrecomisiones" cobradas en las pólizas de los ERE.
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