Un sobrino de Ruiz-Mateos actuó de testaferro en 100 empresas del grupo

Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, actuó como testaferro en más de 100 empresas de Nueva Rumasa a cambio de cobrar un sueldo mensual de 2.000 euros. La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, reveló este dato durante la declaración de uno de los trabajadores de Nueva Rumasa imputado en relación con el cobro de ayudas y la inclusión de intrusos en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), propiedad de este grupo empresarial.

La instructora imputó un delito de malversación de fondos públicos a Manuel Sánchez Marín, director de Administración de Nueva Rumasa, haber dado las "órdenes precisas para la inclusión social" en las distintas empresas del grupo de Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos. Alaya sostiene que Zoilo Pazos "en realidad era un simple testaferro que firmaba al figurar como administrado en más de 100 empresas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos, a cambio de cobrar unos 2.000 euros al mes". Según la juez, Manuel Sánchez se encargaba desde su despacho de tramitar las ayudas que se solicitaban por este grupo ante la Junta y que, sólo en el caso del hotel Cervantes, representaron 12 millones de euros, dado que además del ERE se procedió a la reforma del hotel. Este imputado negó su participación en la tramitación de estas ayudas y aseguró que "nunca" ostentó ningún cargo en ninguna empresa de Nueva Rumasa. El imputado, que reconoció que siempre "despachaba" con el padre, José María Ruiz-Mateos, alegó que se jubiló en 2003 y que desde entonces intervino en temas puntuales relacionados con préstamos y créditos bancarios.

En cualquier caso, Alaya ha citado a declarar el próximo 31 de enero a dos hijos del empresario, Javier y Pablo Ruiz-Mateos.

Ante la juez también comparecieron ayer otros dos imputados, Alfonso Espinosa Bermejo y Javier Navarro Bertolá, quienes negaron ser directivos de Nueva Rumasa porque en realidad eran personal administrativo. Alaya les atribuye delitos de malversación y tráfico de influencias en relación con los pagos de 600.000 euros que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas recibió por intervenir en cinco ERE de empresas de Nueva Rumasa.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de responsabilidad civil de 584.000 euros para un cuarto imputado, Gonzalo Fuentes Guerrero, y que se declare responsable civil subsidiario a la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga, de la que es miembro. Este imputado se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Lanzas era una 'referencia' contable

Los administrativos que declararon ayer aseguraron que no conocían al conseguidor de los ERE pero aseguraron que el término Juan Lanzas era "un nombre, una referencia" en la contabilidad y aseguraron que en la hoja del archivo informático excel "siempre" figuraba la expresión "comisión Juan Lanzas", aunque a veces el concepto que figuraba era "honorarios". Ambos administrativos confirmaron que los pagos que se efectuaban a Lanzas aproximadamente una vez al mes rondaban los 25.000 euros y que las órdenes de pago las autorizaba Javier Ruiz-Mateos, que era el director financiero del grupo. También reconocieron que en algunos correos en los que se hace mención a una "caja de vinos" que tiene que recoger Lanzas se refieren a dinero, aunque advirtieron que este lenguaje no era frecuente y no tienen explicación a su utilización.