El "tándem" Rosendo-Sayago logró 32 millones

La operación Heracles II se centra en buena parte en la investigación de las ayudas que lograron el entramado de empresas vinculadas a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, quienes según Alaya recibieron "de forma arbitraria" 32 millones en ayudas, lo que supone el 61% del total de subvenciones concedidas para la Sierra Norte de Sevilla y el 39% de las concedidas a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que dirigía uno de los principales imputados, Francisco Javier Guerrero.

En el auto de la juez Alaya que acordó los registros domiciliarios, la instructora señala que la investigación ha sacado a la luz dos nuevas sociedades vinculadas a estos empresarios, Cervecería Giralda y Restaurante Jamaica, de las que no se tenía constancia y que pertenecen al entramado de empresas que pertenecen a lo que la juez denomina el "tándem Rosendo-Sayago", que estaría controlado por estas dos personas y que incluye un gran número de empresas, de las cuales "la gran mayoría sin actividad comercial ni trabajadores dados de alta" y que habrían sido creadas "con el único objeto de obtener fondos públicos de manera masiva", sostiene el nuevo auto de Alaya, que tiene fecha del pasado lunes. De los 32 millones de ayudas concedidas, la Junta habría pagado 17 millones, lo que contribuiría al "enriquecimiento personal" de Rosendo y Sayago.

Otra parte de la segunda fase de la operación se centra en los pagos a empresas vinculadas al ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Alaya cita los casos de las empresas Nexpram y Río Grande, las cuales abonaron a uno de los testaferros Juan Francisco Algarín Lamela 389.277,51 euros, y 93.090,17 euros a Atrado Mensajería, en el caso de Río Grande.

La Guardia Civil, por orden de la instructora, también registró el domicilio del sindicalista de CCOO Juan Antonio Florido, quien según Alaya habría percibido además de 221.543,29 euros por su prejubilación en el ERE de Hytasal, otros 43.472,18 euros del holding Vitalia, cantidad que según Alaya procede de las "sobrecomisiones abonadas por la Junta" a esta mediadora. Ese pago al sindicalista, continua la juez, obedece a una "retribución por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresas", lo que supone "graves delitos" que se investigan en la causa de los ERE, concluye Alaya.