El testaferro de los ERE queda libre con una fianza de 10.000 euros

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado dejar en libertad bajo fianza de 10.000 euros a Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las empresas pantalla empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta. Algarín se encontraba en prisión provisional desde el 15 de enero.

La Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Algarín contra la decisión de la juez Ana Rosa Curra, quien rechazó su petición de libertad al entender que podría darse a la fuga y eludir de este modo la acción de la Justicia, que podría destruir pruebas y que podría entrar en contacto con otros imputados en la causa. La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a dejar en libertad a Algarín Lamela, cuyo letrado recurrió el auto de ingreso en prisión alegando que su cliente "no es nadie en la trama", que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que ha "colaborado" con la Justicia.

Anticorrupción pidió que el imputado continuara en la cárcel porque "persisten los motivos" por los que, el pasado 15 de enero, solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, lo que fue ordenado por la juez, que le imputa los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía entiende que la puesta en libertad de Algarín podría interferir en la investigación que actualmente lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, investigación de la que nada ha trascendido hasta el momento al encontrarse esta parte del caso bajo secreto de sumario.

Antes de decretarse el secreto sumarial de las actuaciones, la UCO remitió al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa Distripack Transporte Urgente S.L., habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.