La Fiscalía mantiene los 22 años y 10 meses de cárcel para 'la manada'
juicio por la violación en sanfermines 2016
Las defensas retiran del juicio el polémico informe del detective privado y se agarran al testimonio de un policía que ha revelado que la víctima "sabía" que fue grabada por los acusados.
pamplona/El juicio contra los cinco sevillanos acusados de la violación de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 entra en su recta final. La Fiscalía de Navarra elevó este jueves a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita una condena de 22 años y diez meses de cárcel y el pago de una indemnización de 100.000 euros a los cinco miembros de la manada, a los que considera autores de un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero de robo con intimidación.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la joven reclama 24 años y nueve meses de prisión, mientras que las acusaciones populares -Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona- reclaman más de 25 años para cada acusado.
Las defensas de los acusados solicitaron la absolución e incluso un letrado pidió la nulidad del juicio al considerar que se han vulnerado los derechos de los imputados, informa Europa Press.
Durante la novena sesión del juicio, la defensa del militar acusado -que ejerce el abogado Juan Canales- retiró el polémico informe elaborado por un detective privado sobre el comportamiento de la denunciante en las redes sociales y cuya admisión como prueba por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra había generado numerosas críticas precisamente en las redes sociales. Este informe fue duramente criticado por asociaciones feministas, colectivos sociales y responsables políticos, que censuraron que se cuestionara la conducta de la joven después de haber denunciado la presunta agresión sexual.
El abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a tres de los cinco acusados, explicó que sí ha mantenido como prueba ante el tribunal la fotografía que la denunciante había colocado recientemente en las redes sociales. En esa foto, se ve una camiseta con la leyenda "Hagas lo que hagas, quítate las bragas", que se hizo popular por una concursante de un programa de televisión. El letrado explicó que entiende que esta imagen no va a crear malestar en la sociedad, al tiempo que rechazó que esté vulnerando la vida privada de la joven por su aportación al proceso. "Yo he aportado una fotografía realizada hace muy poco y colocada en su Instagram. Aporto una prueba, el tribunal la ha aceptado y a partir de ahí valoraré las consecuencias que yo extraigo de esa foto y el juzgado será el que valor si mis valoraciones son acertadas o no", puntualizó.
El letrado consideró que la admisión de esta prueba no puede generar malestar, puesto que "difícilmente puede crear malestar algo que no se conoce", a lo que añadió: "yo no he entrado en la vida privada de la denunciante, simplemente aporto esto porque entiendo que es suficientemente explícito y claro para aportarse".
Durante la sesión de este jueves el tribunal interrogó a varios testigos, entre ellos uno que suscitó la expectación de las defensas y al que se agarran con firmeza para tratar de acreditar la inocencia de los acusados. Se trata del testimonio de una agente de la Policía Municipal que tomó declaración a la denunciante de la agresión sexual y que aseguró ante el tribunal que ésta "sabía" que los acusados estaban grabando las relaciones sexuales.
El hecho de que la joven tuviera conocimiento de la grabación por parte de la manada no parece en el sumario del caso. Según los abogados defensores, la agente afirmó expresamente que "sabía que la estaban grabando", pero no lo hizo constar en el atestado. El abogado Jesús Pérez, que representa a uno de los acusados, opinó que "hay una posibilidad de que ése fuera el verdadero motivo de la denuncia". "Nunca supimos por qué había denunciado ella, nunca constó ni se hizo constar por qué se motivó la denuncia, pero sin embargo, durante todo el procedimiento se ha mantenido una posible agresión sexual" y "hoy la policía toma la denuncia de la joven por primera vez dice en Sala que, sin hacerlo constar en su denuncia, la señora sabía que al estaban grabando", insistió el letrado.
Para otro de los defensores, Agustín Martínez, este testimonio ofrecido por la agente de la Policía Municipal "cambia de manera radical, exponencial y brutal" el caso, dado que la funcionaria "no sólo no ha ratificado" su primer informe, sino que "ha venido a decir cosas que no corresponden ni muchísimo menos al contenido del informe". Según el letrado, la policía no lo hizo constar en el atestado porque no lo consideró importante. "La Policía da una serie de versiones que no coinciden con lo que escribe e incluso ha omitido datos absolutamente fundamentales que reconoce que se le dijeron pero que no los incluyó en la primera denuncia".
Esta declaración se produjo a las siete de la mañana del día de autos, "con lo cual es la más cercana y en la que se dan lo datos más concretos que se pueden recordar de hechos que han ocurrido horas antes", añadió.
Sobre el mismo tema, el abogado de la denunciante, Carlos Bacaicoa, consideró que la agente que recogió la denuncia se "habrá equivocado" al manifestar en la Sala que sabía que los acusados la habían estado grabando durante la presunta agresión sexual.
En la sesión de este jueves también declaró el amigo de la víctima que habló con ella por teléfono poco antes de que ocurrieran los hechos y que aseguró que la joven no le dijo que estuviera con cinco personas ni que fuese a mantener relaciones sexuales con ellos.
El juicio por la presunta agresión sexual se reanudará el próximo lunes, con los informes definitivos de la Fiscalía y de las acusaciones, en una sesión que el tribunal ha permitido que se celebre en audiencia pública, con presencia de público y de los medios de comunicación.
Acusaciones mantienen los 22 años de cárcel y una defensa la nulidad
El Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de prisión para los acusados, una vez concluida la práctica de la prueba en el juicio y a la espera tan solo de que la próximas semana las partes presenten sus conclusiones. Por su parte, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales. Las otras defensas piden la absolución de los acusados.
Está previsto que el Ministerio fiscal solicite tras su informe de conclusiones el próximo lunes un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamará 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pedirán 25 años y nueve meses de prisión.
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