Abengoa pierde un contrato de 144 millones para crear una línea eléctrica en Canadá

Abengoa, en situación de preconcurso de acreedores y pendiente de que se cierre el acuerdo definitivo de refinanciación, ha perdido el contrato para la construcción de una línea de transmisión eléctrica en Canadá, proyecto que se había adjudicado en marzo del año pasado y que ascendía a unos 140 millones de euros. NSP Maritime Link, filial de Emera y adjudicataria del proyecto, ha decidido sustituir a Abengoa por EUS-Rokstad, una joint venture de Emera Utility Services y Rokstad Power, para completar la construcción del proyecto y asegurar una "transición suave" en los trabajos, informó la compañía.

"La decisión se basa en actuar en el mejor interés del proyecto y nuestros clientes de electricidad de Nueva Escocia. Nuestro objetivo es completar el proyecto dentro del presupuesto a finales de 2017", señaló el presidente y consejero delegado de Emera Terranova y Labrador, Rick Janega.

En marzo de 2015, Abengoa se adjudicó este proyecto, que consistía en la construcción de aproximadamente 400 kilómetros de línea de transmisión eléctrica en Canadá y que incluía el desarrollo de varias líneas de transmisión aéreas. El proyecto, adjudicado por la compañía NSP Maritime Link, filial de Emera, formaba parte de un plan para transportar energía renovable y limpia desde Terranova y Labrador a Nueva Escocia, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyendo a mejorar el bienestar del medioambiente en la costa atlántica de Canadá.

En concreto, se trataba de conectar a través de 170 kilómetros de cable submarino la isla de Terranova con Nueva Escocia y con el sistema eléctrico norteamericano por primera vez en la historia.

Actualmente, Abengoa ultima con un grupo de fondos y acreedores financieros una hoja de términos del acuerdo de reestructuración que complete el principio de acuerdo anunciado en la junta general extraordinaria del pasado 30 de junio con la que espera dar una solución a su actual situación financiera. El principio de acuerdo que establece sus nuevas necesidades de liquidez en unos 1.200 millones de euros, frente a los 1.500-1.800 millones iniciales.