El juez impone a Ángel de Cabo una fianza de 50 millones de euros y a Díaz Ferrán una de 30 millones

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto al propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, una fianza de 50 millones de euros para eludir la prisión, la mayor exigida hasta ahora en España. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga el vaciamiento patrimonial del grupo turístico Marsans ha impuesto a ocho de los nueve detenidos en la operación Crucero fianzas que suman 112 millones de euros, mientras que ha dejado en libertad a una de las personas del entorno de De Cabo.

Después de la del empresario valenciano, las mayores fianzas en la operación Crucero, de 30 millones de euros, les han sido impuestas al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, y tienen el mismo importe que la que se fijó, en 1999, para el financiero Javier de la Rosa por el caso Torras. Todos ellos están imputados por alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales, entre otros, por haber urdido una trama para ocultar bienes de Marsans y patrimonio personal de Díaz Ferrán y su socio en el grupo turístico, el ya fallecido Gonzalo Pascual.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha impuesto 500.000 euros de fianza para eludir la cárcel a buena parte del entorno de De Cabo, como su cuñado, Teodoro Garrido, el financiero Carmelo Estélles y los supuestos testaferros Antonio García Escribano y José Pardo Manrique. Para la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se ha establecido una fianza de 3.000 euros, que según han dicho las fuentes se ha satisfecho ya, gracias a la "colaboración" que ha mostrado en su declaración ante el juez. El único de los detenidos que ha salido en libertad ha sido Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda y al que se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto la obligación de abandonar territorio nacional y comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional.

Díaz Ferrán, Mora y Tormo han sido los únicos que han dado su versión de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se han acogido a su derecho a no declarar.

El contenido del auto de prisión de Díaz Ferrán ha revelado algunas de las claves del caso, entre ellas que el ex presidente de la CEOE ha venido recibiendo desde 2010 un pago de 100.000 euros mensuales de De Cabo, que debían completar un total de 8 millones de euros, como contraprestación por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes personales. En concreto, apunta que el acuerdo implicaba traspasar "el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros, al entramado de este último creando una aparente insolvencia" del empresario, que se declaró en concurso de acreedores a finales de 2010.

Pero mientras Díaz Ferrán cobraba los 100.000 euros mensuales acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo (Aszendia), su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, "no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento". Estos pagos formarían parte de los 30 millones que el juez calcula que se sacaron de Marsans y que beneficiaron directamente a Díaz Ferrán en la "trama urdida" con Pascual y De Cabo para "maquinar operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores". La "trama" de De Cabo utilizó un "elevado número de sociedades", con las que estaba directa o indirectamente vinculado y a las que desviaba "muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans" para aparentar insolvencia.

En total, el juez imputa cinco delitos al ex presidente de la CEOE: alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Díaz Ferrán -que ha sido trasladado a la prisión de Soto del Real- ha negado ante el juez que tenga bienes en el extranjero -con la excepción de un apartamento en Nueva York- o dinero en paraísos fiscales y ha descargado la responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera Trapsa en su socio Pascual. También ha asegurado que en los últimos meses tuvo que vender bienes (lo que está prohibido en el marco de su concurso de acreedores como persona física) porque afrontaba una situación económica insostenible.

Por otra parte, Díaz Ferrán ha comparecido como imputado ante el titular del juzgado número 9 de Madrid por la concesión supuestamente fraudulenta de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid a Air Comet, entonces propiedad del empresario.