Argentina pone en riesgo su relación con España por YPF

El Gobierno de Argentina pone en riesgo su estratégica relación política y económica con España si decide finalmente avanzar hacia el control de la petrolera YPF sin un acuerdo con su principal accionista, la española Repsol, coincidieron analistas consultados por Efe.

Aunque el Gobierno de Cristina Fernández no ha confirmado oficialmente las versiones sobre planes de intervención de la petrolera, Madrid llamó a capítulo al embajador argentino, Carlos Bettini, y lanzó serias advertencias a Buenos Aires. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que una decisión contra Repsol sería "muy negativa para los intereses españoles" y España adoptaría las medidas que considere necesarias.

"Obviamente, desde el punto vista de los intereses económicos, las acciones del Gobierno argentino sobre YPF pueden afectar las relaciones con España a futuro, no sólo a nivel económico-comercial sino también diplomático", ha dicho a Efe el analista en política internacional Horacio Calderón. España, que prestó a Argentina 1.000 millones de dólares durante la crisis de 2001, es el primer inversor extranjero, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso, como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander y ACS, además de Repsol, en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía.

Fuentes del sector empresarial español consultadas por Efe aseguraron que de momento no ven señales de una posible extensión del conflicto hacia sus intereses, aunque admitieron que siguen el caso YPF con atención. España es además el quinto destino de las exportaciones argentinas, con ventas que en 2011 ascendieron a 3.000 millones de dólares, y el décimo origen de sus importaciones, con compras por 1.400 millones de dólares el año pasado.

"Hay que ver cuáles son los pasos a seguir por el Gobierno. Espero que se preserven los intereses de España y que no tome esto como una declaración de guerra comercial. Entre socios deberían llegar a un acuerdo", apuntó Calderón.

Las relaciones entre Argentina y España ya han sufrido altibajos por asuntos empresariales, en particular en 2008 por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos de la española Marsans, y de los fondos de pensión, que afectó a negocios del BBVA y del Santander.

Para Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, a partir del conflicto con YPF, abierto a finales de 2011, poco después del cambio de Gobierno en España, las relaciones bilaterales "han desmejorado claramente". "Cuando Néstor Kirchner vivía, tenía un diálogo fluido y hasta fraternal con el Rey Juan Carlos y con altos funcionarios del Gobierno español y hoy prácticamente no hay diálogo. Se avanza sobre un activo estratégico para España y no hay consultas entre los Gobiernos", aseguró Giusto a Efe.

A su juicio, este cambio estriba en los intentos de Cristina Fernández de darle una impronta propia a su gestión, diferente no sólo a la del gobierno de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007) sino a la de su primer mandato (2007-2011), con el ascenso de funcionarios de las líneas más duras del kirchnerismo.

"De todas formas, creo que hacia el interior del oficialismo todavía el tema está en discusión y no se ha tomado una decisión definitiva de qué hacer con YPF", apuntó el experto. En su opinión, pugnan dos opciones para lograr el control estatal de la compañía: Acordar con los accionistas, Repsol (57,43%) y la familia argentina Eskenazi (25,46%), o enviar al Parlamento -con mayoría oficialista- un proyecto para declarar de interés público a YPF, "una jugada muy fuerte y de alto riesgo", según Giusto.

El experto apuntó que esta avanzada "fuerte e inesperada" es seguida con expectación por todo el sector económico que teme que, si se declara de interés público a YPF, el Gobierno avance sobre otras empresas y sectores estratégicos. De momento, el conflicto ha salpicado a otras petroleras, como la brasileña Petrobras y la chilena Enap Sipetrol, que perdieron licencias de operación en medio de la retirada de concesiones a YPF.