La Audiencia Nacional avala investigar a Blesa por "planear" las preferentes

Madrid/La Audiencia Nacional ha avalado que el juez Fernando Andreu investigue al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otros ex consejeros de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, por "planificar" la emisión de participaciones preferentes para capitalizarla. En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal admite el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la admisión a trámite de la querella de un empresario que invirtió 340.000 euros en estos productos, pero rechaza aceptar los que interpusieron tres de los ex consejeros, entre ellos Blesa.

Los magistrados ordenan incluir en la investigación "todo lo relativo a la planificación" de las preferentes por parte de los órganos directivos de la caja, pero dejan fuera "todo lo referente a la adquisición" de estos productos. Según recuerdan, la Fiscalía hizo una distinción entre la "comercialización individualizada" por los empleados de las sucursales que las vendieron a los minoristas y "la planificación" llevada a cabo por los directivos.

Así, comparte el argumento de Andreu, que señaló que fueron "una fuente añadida de financiación", por lo que atendiendo al deterioro patrimonial sufrido por Bankia (...)", se da "la necesidad de investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera dicho deterioro, las entidades querelladas, además de otras estrategias", utilizaron su emisión "como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban". Sin embargo, también recoge los argumentos de Caja Madrid, que en su recurso contra la admisión de la querella alegó que informó a este cliente del elevado riesgo de las preferentes.

El auto subraya además que firmó el test de conveniencia en el que el empresario aseguraba que conocía el funcionamiento de los mercados financieros y la naturaleza del producto. "Cuestión distinta es, y es normal, que no supiera la situación financiera de las entidades donde los querellados ocupaban los puestos del Consejo de Administración, y que estos, para retrasar u ocultar dicho deterioro utilizaran la emisión de participaciones preferentes para disfrazar la situación de insolvencia en que se encontraban, y/o que enmascarasen el valor" de estos productos.

La querella iba dirigida además contra los que fueran miembros del Consejo de Administración de la caja Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Rodolfo Benito, José Manuel Fernández Norniella y José María Arteta. También contra el ex presidente de Caja Madrid Finance Preferred, Carlos Stilianopoulos y el ex vocal José Luis Sánchez Blázquez, así como la CNMV y su ex presidente Julio Segura, aunque a estos dos últimos Andreu decidió excluirlos de su investigación.

Sobre el cese de operaciones, dice la Audiencia, el querellante no cuantificó ni desarrolló "unas bases concretas" para saber si sufrió o no perjuicio, sino que se limita a decir que la CNMV las tildó de "malas prácticas", a lo que se une el hecho de que adquirió preferentes en el mercado primario y no secundario. Por ello, también coincide con la Fiscalía al afirmar que hay que distinguir aquí dos supuestos: uno, el de la "posible existencia de un plan preconcebido para casar irregularmente" la compraventa de preferentes y, otro, "las operaciones concretas".

También en decir que es "difícil concebir" un "plan ideado" para casar irregularmente las operaciones "a la vista de la generalización del procedimiento entre las entidades emisoras" que, añade, "era adecuado en la realidad económica española hasta 2008 o 2009, cuando coincidían valor nominal y de mercado". No obstante, subraya que "este presunto plan será susceptible de investigación", y de hecho ya se investiga en el caso Bankia después de que esta misma sala ordenara a Andreu investigar las preferentes el pasado mes de mayo y acumularla a ese procedimiento.

En este sentido, recuerda que en el caso Bankia se incorporó el informe de la CNMV en el que se aseguraba que esta entidad, Caja Madrid y Bancaja beneficiaron a unos clientes en perjuicio de otros al vender a éstos los títulos de los que se desprendían los anteriores a precios "alejados de su valor razonable". Por ello, el auto considera que no "era necesaria querella alguna" y precisa que la diferencia estriba en que los perjudicados no serían los que adquirieron preferentes en el mercado primario, sino los que las compraron "a un precio excesivo en ese mercado secundario por mediación de Bankia".