Planas contra Planas

"Es necesario, entre otras medidas, definir un modelo de reparto de ayudas directas que siga siendo un impulso para el desarrollo de nuestros sectores (...) En este planteamiento no tiene cabida la aplicación de una ayuda única por superficie para todos los cultivos -la conocida como tasa plana- ya que eso provocaría graves distorsiones al no considerar las diferentes realidades territoriales productivas. Rechazamos, por tanto, cualquier modelo que no se ajuste a la realidad e implique imponer una tasa plana a escala nacional y autonómica (...) Defendemos un concepto de región que se corresponda con nuestra realidad, diversidad y riqueza productiva y que evite las transferencias de ayudas entre sectores y territorios".

Eso es lo que opinaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, en 2013, cuando era consejero del ramo en Andalucía. Ahora su posición, como mínimo, se está moviendo. El decreto de transición de la PAC -el modelo la PAC para 2021 y 2022- es un paso hacia un cambio radical del sistema de ayudas que conllevará, si no hay rectificación, que Andalucía, la principal receptora de las ayudas directas con unos 1.500 millones al año, sufra un recorte importante. Esta semana el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, lo cifraba en algo menos de la mitad, unos 600 millones de euros.

El decreto acelera la convergencia entre agricultores dentro de la misma región productiva (en España hay 50, que se corresponden con cultivos de regadío y secano, pastos y cultivos permanentes), al eliminar el límite de pérdidas de los que tienen derechos más altos (perciben más por hectárea). Este perfil abunda mucho más en Andalucía que en otras comunidades autónomas porque las ayudas se vinculan a un histórico de producción. En general, los que más produjeron en el pasado -y, presumiblemente, tienen las explotaciones más productivas- son los mayores perceptores porque generaron más derechos. Como la Unión Europea llamó a la convergencia entre productores en la PAC 2014-2020 -en un proceso que desvinculaba las ayudas de la producción-, se estableció que los que recibían más por hectárea perderían un 6% anual cada año, un 30% en total, hasta 2020. Y dentro de la misma región, lo que suavizaba aún más el impacto.

El Gobierno, en un decreto de transición hacia la nueva PAC en el que en teoría no debería haber grandes cambios, elimina cualquier límite, lo que hace que muchos agricultores puedan perder un 20%, un 30% o más de su renta en un solo año, ya no digamos en dos. Es cierto que hay otros que son beneficiados -y el Ministerio insiste en ello-, incluso dentro de Andalucía, hasta el punto de que el Ejecutivo señala que el impacto global dentro de la región será neutro y que en 2021 sólo el 1% de los productores andaluces perderá más del 20%. Pero la suavidad de la convergencia en el anterior periodo permitía a los que tenían derechos más altos hacer previsiones año a año y reajustase. Ahora, con un cambio más radical, lo van a tener más complicado.

La rebelión andaluza

Andalucía se ha rebelado contra el decreto. La Junta y las principales organizaciones agrarias (COAG, Asaja, UPA y Cooperativas) han emitido comunicados conjuntos y han anunciado movilizaciones, y estudian también si hay alguna vía legal para tumbar el decreto por no cumplir los estándares que se supone que debe tener un decreto de transición. El hecho de que haya unidad indica ya que no hay ninguna oposición entre grandes explotaciones y medianas y pequeños propietarios. Como se ha encargado de subrayar COAG, hay muchos pequeños agricultores con unas pocas hectáreas y con derechos altos obtenidos por su capacidad productiva. Además, añaden, han aprovechado para invertir y producir más por hectárea, con lo que los costes de su negocio son más altos. Esos, en teoría, van a salir muy perjudicados y van a tener menos recursos para adaptarse que las grandes explotaciones. Desde el Ministerio se asegura, sin embargo, que solo el 9% de los derechos están por encima de la media de la región en Andalucía y que las diferencias entre los importes no pueden tener como referencia producciones de hace 15 años. "Alguien que recibió derechos de ovino y caprino o de remolacha, es muy posible que ahora ya no tenga ese ganado o ese cultivo y, pese a ello, conserve los derechos de valor más elevado, más de diez años después", decía hace unos días Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, en una entrevista a este periódico.

Andalucía denuncia, además, que el decreto del Ministerio llega sin acuerdo entre autonomías y organizaciones agrarias. No ha habido consenso con los agricultores en España, ya que COAG y Asaja nacional se han mostrado en contra (UPA no se ha opuesto). Y tampoco lo ha habido con las autonomías, con Castilla-Leon, Murcia y Galicia, además de Andalucía, claramente en contra. Entre todas suman el 51% de los agricultores. En la disputa se ha metido la política, ya que precisamente las que están más a favor de acelerar la convergencia, Aragón y Castilla-La Mancha, tienen gobiernos del PSOE y coincide que son las que tienen agricultores con derechos más bajos. Extremadura (PSOE) guarda silencio, pese a la protesta de algunas de sus organizaciones agrarias más representativas.

El Gobierno, por su lado, se apoya en una recomendación europea de diciembre para actuar con esta urgencia, pero desde Andalucía se asegura que eso no significa que haya obligación. Y que los reglamentos de la PAC marcan como objetivo que en 2027 esté completada el 75% de la convergencia. El decreto ya impone el 80% en 2022, bien es cierto que entre las propias regiones agronómicas y no en el conjunto de España.

La reforma de la PAC, en el horizonte

Detrás de todo está la filosofía del Gobierno para la nueva PAC, opuesta a lo que defendía Planas en 2013. El Ejecutivo está por llegar a la tasa plana en la nueva PAC y el decreto es una forma de acelerar este objetivo. Además, el Ministerio pretende reducir de forma drástica el número de regiones (se ha hablado de cinco, ocho o 14). Eso significa que habrá más explotaciones en cada una de ellas y más sujetos de subvención de diferente naturaleza (ahora el regadío y el secano tienen "intensidades" de ayuda diferentes) con lo que habrá más diferencia entre los derechos altos y bajos y la convergencia será por tanto mayor. En 2013, Planas defendió el modelo actual, un modelo, dijo, "inspirado por Andalucía". "No tiene cabida la aplicación de ayudas unitarias por superficie iguales para cada cultivo porque, en nuestra opinión, supondría graves distorsiones al considerar las diferentes realidades territoriales productivas", dijo en Parlamento Andaluz el 12 de junio de 2013.

Con la aceleración de la convergencia ahora se allana el camino para ese objetivo y para la desaparición final de los derechos, otra pretensión del Gobierno que abriría la veda para elevar el número de hectáreas que reciben ayudas y repartir lo mismo entre más. En 2013, como consejero, Planas estaba claramente a favor de la limitación de los derechos.

Planas habla de que se cobre lo mismo por hacer lo mismo y de justicia redistributiva (aunque la PAC es un sistema de compensación de rentas). Pero ese hacer lo mismo es tener un olivar o cultivar cereales. La capacidad productiva, el rendimiento, no se tiene en cuenta a la hora de cobrar ayudas. Sí el buen cuidado de la tierra y el cumplimiento de normas medioambientales. Eso supone una distorsión del modelo actual y una amenaza para el modelo agrario andaluz, productivo y exportador. Habrá que ver cómo sobrevive el campo con los fondos muy recortados. En la actual crisis de precios, reconversión seguro que habrá.

Queda negociar la nueva PAC, y votarla en el Consejo Interterritorial y este año será clave. Andalucía aún puede amortiguar el golpe que viene con una reducción menor de las regiones, con alguna concesión a la agricultura más productiva o impidiendo la barra libre para que cualquier superficie pueda recibir ayudas. Pero el camino por el que va el Gobierno es el que es y el marco de la negociación es el que marca el decreto publicado la semana pasada.