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El otro 23-F

La expropiación de rumasa

La expropiación de Rumasa en 1983 supuso un antes y un después en el modo de hacerse rico en este país La posterior reprivatización supuso enormes pérdidas para las arcas del Estado

El otro 23-F
Pedro Ingelmo Jerez

08 de septiembre 2015 - 01:00

Más de la mitad de la actual población española o no había nacido o era muy pequeña para entender qué supuso la decisión adoptada en un Consejo de Ministros de mañana y tarde el 23 de febrero de 1983, el terremoto que supuso lo que se bautizó como 'el otro 23-F'. El joven gobierno socialista sacaba del cajón de La Moncloa el affair Rumasa, que siempre se dijo que Adolfo Suárez tuvo parado porque había problemas más serios, problemas de demasiada sangre, que resolver.

En ese Consejo de Ministros todo se fue calentando según pasaban las horas. Lo que empezó siendo una intervención de determinadas empresas acabó siendo la asunción por el Estado de un holding de 700 empresas -la actividad real no abarcaba ni el 20% de ellas- nunca auditadas, con pérdidas, que sobrevivían de los préstamos de bancos que formaban parte de ese mismo conglomerado empresarial. Rumasa era muy grande, pero no se sostenía y ese Gobierno socialista de los chicos de pana quiso dar una lección ideológica en el trasero del empresario jerezano. Estaba abriendo la caja de los truenos. Unos pocos años más tarde uno de los miembros de ese gabinete, Carlos Solchaga, celebraba que España era el país en el que uno se podía hacer rico más rápidamente. El enfermo Rumasa creaba, de ese modo, una epidemia, lo que se llamó la cultura del pelotazo. Rumasa fue el primer escándalo empresarial-financiero de la democracia. Visto en perspectiva no era nada con lo que estaba por llegar.

La expropiación de Rumasa se entregó a la opinión pública española como una muestra de regeneración, de un tiempo nuevo en el que los especuladores del franquismo, que tantos fueron, no tenían lugar. Como la Transición económica. Por supuesto, la Rumasa estatal, de la que todavía quedan retazos, como la finca La Almoraima en Castellar, el mayor latifundio de Europa, no tenía salida. ¿Cómo iba el Estado a ser empresario de bodegas, de hoteles, de mantequerías, de ganaderías? Eso no iba a ser, naturalmente: existiría un proceso intermedio de intervención que acometería el saneamiento de las empresas y su posterior reprivatización. Todo lo que sucedió en ese proceso daría para entender cómo el poder puede llegar a cambiar banderas idealistas por banderas prácticas. O por otros intereses.

Las empresas de Rumasa, en líneas generales, salvo contadas excepciones, no se sanearon, pese a los cuantiosos despidos -pagados, eso sí, con grandes indemnizaciones para la época- durante la intervención. Funcionarios del estado se convertían en directores generales y se convertían en liquidadores para vender a precio de saldo.

Es posible, por ejemplo, que Ruiz-Mateos con su política de reducción de precios hiciera muchísimo daño al sector del jerez, pero no es menos cierto que la expropiación, tal y como se hizo, terminó de darle la puntilla. En Jerez el caso más comentado fue el de la venta de una de las principales bodegas de la abeja, Internacionales, que se entregó a un empresario riojano, Marco Eguizábal. Su gestión fue ruinosa, llevando al paroxismo la política de derumbe de precios de Ruiz-Mateos.

Eso fue en el ámbito local. En el nacional el escándalo principal se llamó Galerías Preciados. Fue de las primeras empresas de Rumasa en reprivatizarse. El grupo venezolano Cisneros se llevó la subasta por mil millones de pesetas(parece mucho, son sólo seis millones de euros a día de hoy) y revendió cuatro años después a un grupo inglés por 30.000 millones. Para Gustavo Cisneros, que llegó a trabar gran amistad con Felipe González, fue una operación magistral. Para la Hacienda pública no tanto: se calcula que se perdieron 48.000 millones de pesetas en el período de tiempo que pasó desde la expropiación a la reprivatización. Posteriormente, El Corte Inglés sería el que absorbería buena parte de las tiendas de Galerías Preciados. Otras, como las de Cádiz, cerraron.

La expropiación marcó los 80. La economía mejoró como nunca había mejorado y supuso un antes y un después en el modo de hacerse rico (fácilmente, con revolucionarios atajos) en este país.

En 1997 Ruiz-Mateos fue absuelto en el principal juicio del caso Rumasa.

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