Bruselas adelantará 30.000 millones, pero impone claras condiciones

Bruselas/España tendrá a su disposición antes del fin de julio 30.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades más urgentes de sus bancos, según el acuerdo alcanzado hoy por el Eurogrupo, que impondrá a cambio claras condiciones a toda la banca del país y a la política económica del Gobierno.

Este primer paquete de ayuda se presenta como una "contingencia", para hacer frente a las situaciones más acuciantes y, a priori, debería ir en gran parte a recapitalizar Bankia y el resto de entidades nacionalizadas.

El monto total de la asistencia financiera -que puede alcanzar hasta 100.000 millones de euros- sólo se determinará a finales de septiembre, cuando se conocerán las necesidades exactas de todos los bancos gracias a los resultados de la evaluación pormenorizada de las carteras crediticias encargada por el Gobierno y a las pruebas de resistencia individualizadas.

Las condiciones, sin embargo, ya están pactadas y se fijarán definitivamente el 20 de julio con la firma del memorando de entendimiento. El vencimiento de los préstamos, que se transferirán en varios tramos, tendrá una media de 12,5 años y un máximo de 15 años, según explicó al término de la reunión el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

A cambio de esas ayudas, Europa impondrá condiciones a los bancos rescatados siguiendo las reglas de ayudas de Estado. Por ejemplo, se aplicará la "segregación de activos" en aquellos bancos que reciban ayuda pública en compañías específicas de gestión de activos, inmobiliarios en este caso, es decir se creará un "banco malo", explicó el presidente del grupo de trabajo del euro, Thomas Wieser.

Las condiciones serán también para el conjunto del sector, pues tal y como avanzó a su llegada a la reunión el ministro español, Luis de Guindos, todas las entidades tendrán que cumplir con el requisito de contar con el 9% de capital de máxima calidad, como ya hacen las más grandes.

El Estado tampoco se librará de nuevas obligaciones, tal y como se encargó de dejar claro el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn. "España tendrá que cumplir plenamente con sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y las recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos", aseguró. Es decir, que el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda, rebajar la imposición sobre el trabajo y cumplir con otras posibles futuras recomendaciones de Bruselas a cambio del dinero.

Por ahora, las ayudas europeas se harán como estaba previsto a través del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) y por tanto contabilizarán como deuda pública. Juncker, sin embargo, dejó claro que España se podrá beneficiar de la recapitalización directa en cuanto se ponga en marcha un supervisor bancario europeo y que, una vez que se opte por esa vía, el Estado ya no tendrá que garantizar los préstamos a los bancos.

De Guindos, al término de la reunión, no quiso entrar en detalles y se limitó a asegurar que España logró "dos muy buenos acuerdos" en el Eurogrupo. Además del acuerdo sobre la ayuda a la banca, los ministros de Finanzas acordaron dar a Madrid un año más, hasta 2014, para rebajar el déficit público del 8,9 % actual a menos del 3 %. En virtud del pacto, España no tendrá que rebajar este año su déficit hasta el 5,3 %, como estaba inicialmente previsto, sino que bastará con que se sitúe en el 6,3 %. En 2013, el déficit tendría que bajar hasta un 4,5 %, para disminuir, finalmente, hasta un 2,8 % en 2014. A cambio, el Ejecutivo deberá adoptar "sin demora" medidas de austeridad adicionales en 2012. Los socios europeos dan a España un plazo de "tres meses para que el Gobierno adopte medidas eficaces" y evaluarán cada trimestre los progresos del país en la reducción del déficit.