Bruselas podría aplazar a otoño su decisión de multar a España por exceso de déficit

La Comisión Europea (CE) ha decidido posponer hasta el jueves su decisión respecto a si multa o no a España y Portugal por incumplir sus respectivos objetivos de reducción de déficit público en 2015, sin embarlo los ministros de Finanzas estudian congelar el proceso hasta después del verano, por lo que la decisión sobre la sanción se tomaría en otoño. Con todo, el Ejecutivo comunitario debatirá el martes esta cuestión, pero no tomará hasta el jueves su decisión, lo que se espera que haga por procedimiento escrito, explicaron fuentes comunitarias.

La decisión acercaría aún más a España a una potencial multa de hasta 2.000 millones de euros, aunque aún quedan por resolver varias incógnitas durante el proceso, por ejemplo si los países apoyarían multar a España -Alemania se muestra a favor, Italia se ha pronunciado en contra- y qué tipo de sanción podría producirse. Los partidarios de las sanciones alegan que, de lo contrario, se dañaría la credibilidad de las reglas europeas de disciplina fiscal, que ya han sido puestas en entredicho después de que la Comisión decidiera en mayo posponer hasta principios de este mes su decisión sobre las medidas a adoptar.

Una vez que la Comisión adopte su recomendación, ésta deberá ser respaldada por una mayoría cualificada de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) en el Ecofin, que se reúnen el próximo día 12. Sin embargo, otras fuentes comunitarias explicaron a Efe que la cuestión está incluida de manera provisional en la agenda del encuentro, ya que aún no se ha decidido si se tratará en él o no.

El retraso de la recomendación de la Comisión abre la puerta a que el consejo de ministros de Economía y Finanzas no tenga a tiempo a tener la cuestión preparada para su reunión regular del 12 de julio, de modo que tendría que retrasar su aprobación a una convocatoria posterior, una vez pasada la pausa de verano, lo que pospondría su visto bueno hasta otoño.

Si los países decidiesen dar la razón a la CE y constatan el incumplimiento por parte de España y Portugal, la institución tiene 20 días para recomendar al Consejo una multa, que será adoptada salvo que el Consejo decida por mayoría cualificada rechazarla en un plazo de diez días. La sanción puede ser reducida o incluso cancelada por la CE por razones de circunstancias económicas excepcionales o tras una solicitud razonada recibida de Madrid en un plazo de diez días.

El déficit público de España se situó en el 5,1% del PIB en 2015, contando las ayudas concedidas a la banca en dificultades, casi un punto por encima del objetivo del 4,2 % que le exigía Bruselas para lograr así encarrilar su desvío por debajo del tope del 3% en 2016, aunque la CE ha propuesto dar un año más al país para que logre esto último. Las normas de disciplina fiscal europeas, recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), exigen a los países mantener su déficit público por debajo del 3 % del PIB, de modo que, si lo superan, se les asignan unos objetivos anuales de reducción del desvío que deben ir cumpliendo.

De rebasar estos límites y no haber tomado las medidas necesarias para evitarlo -la decisión que precisamente tomará Bruselas el jueves- los países se arriesgan a ser sancionados con una multa equivalente al 0,2 % del PIB, es decir, unos 2.000 millones de euros en el caso español.

El Gobierno español en funciones, liderado por Mariano Rajoy, ha expresado en numerosas ocasiones su convencimiento de que el país no debe ser multado, mientras que el primer ministro luso, António Costa, mostró su rechazo a aprobar ahora medidas adicionales para evitar sanciones de Bruselas por incumplir con el desvío del año pasado.