Cesur lanza una batería de medidas para garantizar la supervivencia de las empresas

La Confederación de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha propuesto este lunes pactar con las compañías energéticas una reducción del precio del kilovatio por hora en las empresas hasta los seis meses después del levantamiento del estado de alarma por el coronavirus (Covid-19) y crear una campaña nacional e internacional de apoyo al fomento del turismo en España, junto a otras diez medidas de choque para la pronta recuperación de la economía.

En un comunicado, Cesur explica que estas propuestas están apoyadas por sus socios y las han recabado de un sondeo elaborado por un grupo de expertos participantes en el 'think tank' que trabajan en Cesur. Ya se han puesto en conocimiento del Gobierno de España, la Comisión Europea, la Junta de Andalucía, la de Extremadura y el Banco de España.

Del resto de propuestas destaca la petición de que las empresas puedan reincorporar progresivamente los trabajadores incursos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), "atendiendo a que esa flexibilidad manifestada por el Gobierno no tenga excepciones", a lo largo de los seis meses posteriores al levantamiento del estado de alarma. Los que no sean reincorporados podrán seguir en el ERTE durante esos seis meses.

En cuarto lugar, Cesur propone pactar y asegurar con el sector bancario un coste máximo asequible para demandante de renovaciones de préstamos para el circulante, y aprobar una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "más amplia y ágil, asegurando que los destinatarios son empresas sin los suficientes recursos, pero con viabilidad".

Para Cesur, "es vital que llegue el dinero a quien de verdad lo necesite, y no solo, ni en primer lugar, a los clientes preferentes". La entidad bancaria debería estar obligada a admitir estas operaciones durante, al menos, los 12 meses siguientes de finalizar el estado de alarma, añade.

En sexto lugar, pide un cumplimiento estricto de la Ley de Morosidad para garantizar el pago al día a los proveedores que trabajan con la Administración y las grandes compañías, algo que ya están haciendo algunas autonomías y empresas.

Otras tres medidas son activar mecanismos extraordinarios en la agilización administrativa de licencias y contratos; prórroga de los plazos de las concesiones públicas si su terminación acaeciera en los próximos seis meses; y modificar la normativa contable y mercantil para aplazar los plazos de cumplimiento de las obligaciones.

En décimo lugar, reclama facilitar el aplazamiento de pago de los principales impuestos empresariales, además del ya aprobado de las cuotas a la Seguridad Social. Serían el caso del IVA y retenciones durante al menos seis meses, de las cuotas de los dos primeros trimestres, y suprimir el pago a cuenta del impuesto de sociedades.

La número once es permitir a las empresas utilizar sus créditos fiscales ya devengados, procedentes de bases imponibles negativas de años anteriores (como inversión en I+D y otros supuestos), para el aprovechamiento de las mismas durante este ejercicio, y así poder incorporar exclusivamente nuevos incentivos como los ligados al mantenimiento del empleo.

Por último, reclama agilidad para reasignar por parte de la Administración pública recursos financieros y humanos hacia las actividades más necesarias "y colapsadas" en estos momentos, como la tramitación de expedientes laborales, aplazamientos o demoras de impuestos.

Masivo apoyo empresarial a estas medidas

De las conclusiones de este sondeo, Cesur destaca que el 100% de los encuestados coincide en el último punto, solicitar mayor agilidad a la Administración pública en la reasignación de recursos financieros y humanos hacia las actividades más necesarias en estos momentos.

Asimismo, el 87,5% de las empresas encuestadas coincide en que sería positivo para reactivar la economía poder pactar y asegurar con el sector bancario un coste máximo asequible al demandante de renovaciones de préstamos para el circulante, y adelantarse a aprobar una nueva línea de créditos ICO "más amplia y ágil" que, por otra parte, estuviese destinada a empresas sin suficientes recursos, pero con viabilidad (94,6%).

Otra de las propuestas que ha obtenido mayor respaldo (91,1%) es facilitar el aplazamiento de pago de los principales impuestos empresariales como el IVA y retenciones, durante al menos seis meses, de las cuotas de los dos primeros trimestres y suprimir el pago a cuenta del impuesto de sociedades.

Por otra parte, desde CESUR resaltan la faceta solidaria que las empresas del sur de España están mostrando durante esta compleja situación. El 60% de las empresas encuestadas han puesto en marcha medidas de ayuda para mejorar la situación de la ciudadanía española. Además de donaciones económicas, de alimentos y material sanitario, los empresarios andaluces y extremeños están aplazando los cobros de sus clientes o reduciendo el salario de sus altos directivos, además de mantener plantillas en situaciones de inactividad empresarial.