Comisiones bilaterales

El primer peaje del presidente Sánchez a sus socios de investidura catalanes consiste es la reactivación de la comisión bilateral Estado-Generalitat. El origen se remonta a los años 80, cuando entre el Estado y algunas autonomías se crearon comisiones mixtas de cooperación para la resolución de los conflictos durante el proceso de traspaso de competencias. Las relaciones bilaterales tenían un sentido eminentemente práctico que se limitaban a temas de interés exclusivo para la autonomía en cuestión, pero cuando tenían que ver con el contexto general o afectaba a los intereses de cualquier otra, el debate se trasladaba a foros multilaterales (conferencias sectoriales). Una cuestión como la condonación de la deuda de una autonomía con el estado, por ejemplo, no podría haber sido tratada en un foro bilateral, a diferencia de lo que probablemente va a ocurrir en los próximos días.

El bilateralismo adquiere carta de naturaleza con la reforma del Estatut catalán (2006) y la constitución en febrero de 2007 de la comisión Estado-Generalitat, que inmediatamente copian otros estatutos, entre ellos el andaluz. El auge del bilateralismo coincide con el declive del multilateralismo, uno de los temas centrales en el velado debate existente sobre el futuro modelo de Estado. Puede decirse que el multilateralismo es un sistema en el que, si un miembro de una organización desea realizar una propuesta, debe trasladarla al conjunto de la misma. En el caso del Estado de las autonomías, el papel preponderante de la Administración central justificaba la creación de órganos bilaterales de negociación y gestión, aunque sin perder de vista el insustituible papel de los órganos multilaterales de coordinación y cooperación. La firmeza de estos últimos se ha visto permanentemente afectada, sin embargo, por la intromisión implacable de los acuerdos bilaterales. La inoperancia del Senado o la cocina previa, en comisiones bilaterales, de las cuestiones que se debaten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por no hablar de la Conferencia de Presidentes, son testimonio de la debilidad del armazón institucional que debería dar soporte al multilateralismo.

En economía, el marco de negociación multilateral por excelencia es la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hay otros, como el FMI, el Banco Mundial o la propia ONU, pero al modelo de negociación desarrollado en la OMC se atribuye una parte importante de la responsabilidad en la expansión del comercio mundial y de su impacto sobre el aumento global del bienestar. El comercio internacional es, por otra parte, el campo de batalla más explícito de confrontación entre estrategias bilaterales y multilaterales, como diariamente puede apreciarse en las polémicas iniciativas del presidente Trump.

El análisis económico consagró el paradigma ricardiano de que la eliminación de los obstáculos al comercio redundaría en una mejora de la eficiencia económica y del bienestar, dando pie a la falacia de que cualquier acuerdo bilateral en este sentido tendría similares consecuencias. En otras palabras, que un acuerdo de eliminación de aranceles entre dos países siempre tendría consecuencias económicas beneficiosas para ambos. Joseph Viner, un economista canadiense de la Escuela de Chicago, demostró en 1950 que tal afirmación era una falacia. Del acuerdo cabría esperar la intensificación de las relaciones comerciales entre los países signatarios, pero también la reducción con cualquier otro frente al que se mantuviesen los aranceles, entre los que podrían estar los productores más eficientes de algunos bienes. El resultado no puede ser considerado como beneficioso en términos globales porque, en primer lugar, los excluidos del acuerdo se verían perjudicados, pero también porque productores de países signatarios podrían expulsar de sus mercados a los más eficientes del resto del mundo. La conclusión es que el bilateralismo persigue la creación de condiciones particulares favorables (privilegios) que se niegan al resto (exclusión y negación) y, por tanto, interfieren sobre las relaciones en el conjunto. Los perjuicios son muy probables para los excluidos, pero los beneficios, al menos a largo plazo, tampoco están garantizados para los signatarios.

De la comisión bilateral Estado-Generalitat cuelgan otras tres comisiones. Una de transferencias, otra de infraestructuras y una tercera sobre temas económicos y fiscales. Esta última tiene que ver con la financiación autonómica, siendo muy significativo que la Generalitat declinase la invitación al Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves. El conseller catalán de Economía argumentó que la especificidad técnica de los problemas financieros de la Generalitat exige un marco bilateral de negociación. La negativa, por el momento, de la ministra Montero a la petición contrasta con la predisposición más general al diálogo bilateral, que ya veremos cómo se resuelve finalmente.

La principal singularidad del desequilibrio financiero catalán es que es el más elevado de todas las autonomías, pero ni los contribuyentes pagan allí más impuestos, ni la Administración catalana dispone de menos recursos que las demás. El problema es que el gasto es bastante más elevado que en el resto porque los funcionarios tienen sueldos mayores y el entramado institucional es también más costoso. Si el Estado entra finalmente en el juego bilateral que pretende la Generalitat, el desequilibrio financiero catalán, no sólo deberá ser soportado por el resto de las comunidades, sino que también se convertiría en un foco de inestabilidad económica permanente, por cuanto obligaría a un esfuerzo de ahorro que, en lugar de tener su correspondiente reflejo en la inversión, se emplearía en aliviar los problemas financieros en Cataluña.