El Gobierno anticipa que España logrará las metas de déficit y deuda para 2018
La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que el país terminará el ejercicio con el 2,7% de desfase en el saldo presupuestario y por debajo del 97% de endeudamiento
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha adelantado que España está “absolutamente en línea” de cumplir el objetivo de déficit del 2,7% para este año –que permitiría al país salir del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y librarse de sanciones– y de poder cerrar “incluso” con una deuda pública por debajo del objetivo del 97% del PIB marcado para este ejercicio, además de augurar el cumplimiento de la previsión de crecimiento. A este respecto, apuntó que los últimos indicadores económicos conocidos apuntan a que “en principio sí” se registrará un alza del PIB del 2,6%, lo previsto por el Gobierno.
Además, aclaró que si finalmente los Presupuestos de 2019 no ven la luz, se mantendría la previsión de crecimiento para 2019, del 2,3%. “No tiene impacto ni restrictivo ni expansivo sobre el crecimiento”, enfatizó.
Según la ministra, el objetivo para este año de déficit del 2,7% del PIB es “realista” para 2019 se contempla un ajuste de 9 décimas, hasta el 1,8%, lo que supone una mayor disciplina fiscal que en los últimos años.
Por otro lado, y después de que el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, anunciase la semana pasada que se emitirán este año 5.000 millones menos tras haberse alcanzado ya las necesidades de financiación, Calviño avanzó que la deuda pública se podría situar incluso por debajo del objetivo del 97% marcado para este año. “A ver si podemos estar incluso por debajo”, dijo.
La ministra insistió en la conveniencia de que se aprueben los Presupuestos de 2019, ya que “si se arrastran los compromisos de gasto que se derivan de los PGE de 2018, se acabaría con un déficit del 2,2%” en 2019, que otros organismos como el FMI lo elevan incluso al 2,4% del PIB. “Si no logramos sacar adelante los PGE, tendremos un peor resultado en términos de PIB y deuda pública”, advirtió.
Calviño volvió a asegurar que el conjunto de medidas del plan presupuestario y el alza del SMI tendrán un impacto “neutro” sobre el crecimiento y la creación de empleo, a pesar de que ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, apuntase que pueden existir empresarios que tengan “la tentación de contratar en vez de a 20 trabajadores a 18”, sobre todo en el sector agrario.
Por otro lado, la titular de Economía reconoció que “habrá que reflexionar” sobre la configuración actual de las pensiones de viudedad cuando se analice la reforma del conjunto del sistema. Calviño reaccionó así al ser preguntada acerca de la recomendación de la OCDE de limitar la pensión de viudedad con carácter permanente sólo a los beneficiarios jubilados, y añadió que el Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.
Calviño también reconoció que el Gobierno no descarta ampliar el plazo límite para que el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) se desprenda de la participación del 60,63% que ostenta sobre Bankia, actualmente fijado en diciembre de 2019.
Por último, anunció el Gobierno aprobará el próximo día 14 de diciembre la creación de la autoridad macroprudencial, una institución cuyo objetivo es tratar de evitar a futuro crisis financieras.
El impuesto digital se aprobará en las próximas semanas
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno aprobará “en las próximas semanas” el proyecto de ley para la creación del nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido como tasa Google, para su posterior remisión a las Cortes, a pesar de que “no hay acuerdo a nivel europeo ni global”. Así lo señaló Calviño tras la celebración del Ecofin, en el que quedó diluido el nuevo gravamen ante las reticencias de un grupo de países (Irlanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca) y la propuesta de un tributo menos ambicioso por parte de Francia y Alemania. Calviño indicó que sería “deseable” que hubiese una “aproximación coherente” a un fenómeno global por el que las empresas no pagan por su valor añadido en cada una de las jurisdicciones donde operan.
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