Eterna financiación autonómica

SUENAN tambores de reforma. Como tantas otras veces que no desembocaron en nada. ¿En esta ocasión será diferente? No lo creo. No se dan las condiciones para una reforma integral del sistema de financiación. Hay al menos dos motivos (y una apelación a la sensatez) que me llevan a pensar así. Uno, las reformas anteriores se han engrasado con sustanciosas cantidades de dinero desde el Estado a las comunidades autónomas (CCAA), y ahora no parece que estemos para esas alegrías. Máxime cuando el maquillaje contable-conceptual de los gastos impropios de la Seguridad Social pasan al Estado. Y dos, como alternativa a la escasez se podría ensayar un pacto PSOE-PP a nivel nacional que calmase a los barones y baronesas autonómicos; pero no parece que el horno esté para esos bollos.

Por su parte, la apelación a la sensatez obligaría a posponer esa reforma integral de la financiación autonómica a que se decante políticamente la propuesta de reforma fiscal que se está estudiando, a que se aclaren las reglas fiscales con las que transitaremos la consolidación fiscal y a que se adopten iniciativas similares en el ámbito de la financiación local, de vasos comunicantes con la autonómica. Vamos, un empacho de reformas. Aunque si enfilan el camino de la de la Seguridad Social, lo mismo conseguimos pleno con relativa facilidad pero incierta trascendencia.

En financiación autonómica, desde el punto de vista técnico, ya está prácticamente todo dicho. El informe de los expertos de 2017 puso encima de la mesa las decisiones políticas que debían discutirse y que luego los técnicos precisarían. Esos temas políticos son, en esencia, cuatro, a saber. El primero es cuánto desequilibrio vertical entre los recursos del Estado y las CCAA vamos a reconocer y, por consiguiente, financiar con tributos cedidos, transferencias o déficit; y éste último determinaría quién soporta la vela del ajuste en los próximos años.

El segundo tema político es cuánta nivelación se desea, esto es, qué parte del gasto autonómico lo hacemos independiente de la capacidad fiscal de las comunidades. Algunos lo llaman solidaridad pero ello puede resultar confuso: la solidaridad no es exactamente nivelación. La primera reparte, la segunda iguala capacidad de gasto, de manera redistributiva o no. Ambas no son lo mismo ya que las necesidades de gasto se pueden definir de muchas maneras, incluso primando a las CCAA más ricas.

El tercer asunto político se refiere a la rapidez con que se deshace una situación de partida que no es equitativa. Lo que se conoce como acabar con el statu-quo. Y estoy hablando solo de las CCAA de régimen común; imaginen si metemos en la coctelera a las forales. Por decirlo de forma simple, los sucesivos sistemas de financiación autonómica han consolidado posiciones de partida más ventajosas para unas que para otras. Y ese statu-quo debiera disolverse a lo largo del tiempo, que todo lo cura. Pero no resultará fácil, incluso garantizando que ninguna pierda en términos absolutos porque todos nos comparamos con el vecino.

Y el cuarto vector político, nada despreciable, es el de la armonización fiscal. Éste a su vez se encuentra relacionado con el resultado de la reforma fiscal comentado antes. Desde el punto de vista técnico tenemos claro qué impuestos (con su grado de autonomía) se descentralizan mejor que otros en términos de eficiencia y equidad. Pero siempre será una cuestión de grado el cómo nos movamos en el espectro competencia fiscal versus centralización completa. Y ahí debe entrar la política, con lo que eso supone en todos los sentidos: populismo, pérdida de legitimidad de algunos impuestos, efectos sede, etc.

Dados estos mimbres, ¿piensan que estamos en ciernes de una reforma de la financiación autonómica? No digo coherente y alineada con lo que han planteado expertos y estudiosos. Me refiero simplemente a una reforma. Un servidor es escéptico al respecto. Sin embargo, algo habrá que hacer porque los problemas están ahí: infrafinanciación permanente de algunas CCAA, competencia fiscal desaforada, deudas en aumento, agravios comparativos, etc. En Andalucía ya hemos desenterrado la frase, inmortal entre gobiernos, de “no más que nadie pero tampoco menos que ninguno” y en otras latitudes empiezan a hablar de balanzas fiscales o conciertos económicos.

A mi juicio, la solución temporal podría venir de la mano de algunos parches bien avenidos para transitar el momento. Por ejemplo, veamos qué inequidades se pueden resolver con la forma de medir las necesidades de gasto relativas, a través del concepto de población ajustada. Como éste es un juego de suma cero, utilicemos también (en detrimento del Estado, todo hay que decirlo) las devoluciones que las CCAA deben realizar en 2022 y 2023 de las liquidaciones del sistema de financiación. Encajemos la conflictiva armonización fiscal a través de unas recaudaciones normativas mejor definidas, que penalicen –en forma de mayores aportaciones al sistema- las bajadas excesivas (¿qué se entiende por tal?) de impuestos; algo que ya está vigente pero es manifiestamente mejorable. Definamos objetivos de déficit asimétricos entre las CCAA porque aquí el café para todos ni es justo ni eficiente.

Hay que reconocer que tampoco los parches resultan fáciles. Sobre todo teniendo en cuenta la debilidad del gobierno actual y su confusa agenda territorial. Pero también es cierto que los grados de libertad, esto es, la de piezas que se pueden ajustar en el modelo son muchas, y bien manejadas pueden alcanzarse resultados temporales de cierta racionalidad. De seguir demorando las soluciones, uno de los pilares de nuestra arquitectura institucional, el Estado de las Autonomías, se puede deteriorar de manera estructural. Una vez más, aquí también, la responsabilidad está en nuestros políticos.