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El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasas Tobin y Google, y eliminará la posibilidad de despedir por encadenar bajas por enfermedad.
Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha.
El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Solo afectará a las multinacionales tecnológicas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y tres millones en España y con él se esperan recaudar 1.200 millones de euros.
Respecto a este impuesto, el Gobierno, según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, prevé adoptar un sistema para el pago del nuevo impuesto digital “similar” al de Francia, que ha optado por aplazar su liquidación hasta finales de año tras mantener conversaciones con Estados Unidos, y después de que Washington amenazara con represalias por considerar que atacaba a sus multinacionales. Según el Ejecutivo, la Administración Trump está informada de la aprobación del impuesto.
Por lo que respecta al impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
El impuesto será liquidado por el intermediario financiero y no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones de carácter temporal.
La vicepresidenta aseguró que la intención del Gobierno es que ambos gravámenes “entren en vigor lo antes posible”, por lo que confió en que cuenten con un amplio apoyo parlamentario.
En materia laboral, el Gobierno prevé eliminar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por encadenar bajas por enfermedad. El artículo 52.d avala el despido objetivo “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.
Por otro lado, el Gobierno aprobará en las “próximas semanas” una nueva regulación con el fin de impulsar que operadores privados implanten puntos de recarga para coches eléctricos en toda la red de carreteras del Estado.
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