Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
El Gobierno estudia la posibilidad de obligar a las empresas que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que alcancen una capitalización "de entre 500 y 1.000 millones de euros" a que pasen a operar en el mercado ordinario.
Ésta es una de las iniciativas que se plantea llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar que se repitan casos como el de la empresa española de redes wifi Gowex, que se ha declarado en concurso, después de que el responsable de la firma, Jenaro García, dimitiera tras confesar haber falseado sus resultados durante al menos cuatro años.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, remarcó que el fraude de Gowex, que cotizaba en el MAB, es un tema "grave y desgraciado, pero singular", que no se puede generalizar a otras empresas españolas. Agregó que el MAB es un mercado "muy importante" para las pymes, que obtienen allí su necesaria financiación, por lo que resulta prioritario que la información que se facilita a los inversores "sea cierta y muy exacta". Para ello, el Gobierno va a adoptar varias medidas al respecto, en el marco de la nueva Ley de Financiación, señaló.
En primer lugar, el Gobierno va a exigir a las auditoras de las compañías que cotizan en el MAB "unos estándares de calidad y de transparencia mínimos". La Administración también quiere ampliar e incrementar las responsabilidades de la sociedad rectora del MAB, que es Bolsas y Mercados Españoles (BME), desde el punto de vista de la supervisión, a la vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intensificará los controles sobre dicha rectora.
En la actualidad, BME sólo tiene que poner en conocimiento de la CNMV las irregularidades sobre abuso de mercado. El objetivo del Gobierno es que cualquier tipo de irregularidad se comunique a la CNMV.
De Guindos, por otro lado, avanzó que otra de las líneas en las que trabaja su ministerio es que las empresas del MAB que alcancen un determinado tamaño pasen "necesariamente" a cotizar en el mercado ordinario. Tan sólo Carbures, con una capitalización de 473,5 millones de euros, se aproxima a los 500 millones que podría exigir la normativa para dar el salto al Continuo.
El escándalo de Gowex provocó ayer una avalancha de anuncios de acciones judiciales por parte de asociaciones y afectados. Así, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) señaló que iniciará actuaciones contra Gowex, su consejo de administración, M&A Auditores y el asesor registrado, Ernst & Young, para depurar las responsabilidades que puedan derivarse. Asimismo, a la denuncia presentada el pasado viernes por la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), la recién creada plataforma de afectados también señaló que denunciará a la compañía, su presidente, BME y la auditora M&A.
Por su parte, la plataforma de afectados de Gowex dijo que, en un plazo de tres días, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el presidente de la firma, Jenaro García, los consejeros, BME, M&A Auditores y Ernst&Young. A la plataforma recién creada bajo el nombre Estafados Gowex se han dirigido inversores que aglutinan más de 1.200.000 acciones. Otras dos asociaciones de afectados presentaron ayer sendas querellas en la Audiencia Nacional que previsiblemente serán turnadas al juez Santiago Pedraz, que podría asumir la investigación del caso. Se trata de la Asociación Activa Gowex y del PPPr (Partido de los Perjudicados por las Preferentes).
Por último, ayer también se supo que el Ministerio de Economía inhabilitó a los auditores de Gowex pero un juez revocó esa decisión.
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