Levantan el embargo sobre los bienes del ex consejero delegado de Abengoa
La juez Lamela acepta el aval presentado por Sánchez Ortega para hacer frente a una fianza civil de 4,5 millones de euros.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha levantado hoy el embargo que pesaba sobre los bienes del ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega, al aceptar el aval presentado por éste para hacer frente a una fianza civil de 4,5 millones de euros, han informado fuentes jurídicas.
El pasado 20 de enero, la titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias tanto del ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea como del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.
Se trata de la investigación que se sigue a raíz de una querella presentada por dos bonistas de Abengoa, que sostiene que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. Lamela decidió embargar los bienes de ambos ex directivos tras comprobar que ninguno de ellos había pagado las fianzas, cuyas cantidades se corresponden a las indemnizaciones que recibieron al salir del grupo.
A Sánchez Ortega se le embargaron una vivienda de su propiedad en Las Rozas (Madrid), un vehículo Jaguar y una cuenta bancaria.
Por lo que respecta a Benjumea, las propiedades objeto del embargo son varias viviendas y parcelas de su propiedad: seis en Sevilla, dos en Cádiz y dos en Soria -en este caso, con propiedad parcial-, así como cinco coches -dos Mercedes Benz, un BMW, un Chrysler y un Ford- y un ciclomotor Piaggio.
También ha bloqueado su dinero en doce cuentas bancarias, incluyendo productos como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo. Tanto Bejumea como Sánchez Ortega habían presentado como fianza sendas pólizas de seguro que fueron rechazadas por la Audiencia el pasado 12 de enero, al coincidir con la Fiscalía en que el contrato suscrito entre las aseguradoras y Abengoa excluía los perjuicios ocasionados de forma dolosa a la propia empresa.
Abengoa presentó el pasado 5 de noviembre el preconcurso de acreedores, que en caso de no llegar a un acuerdo podría conducir a la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
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