Rato niega tener sociedades "en ningún paraíso fiscal y ni siquiera fuera de la Unión Europea"

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado que no tiene ninguna sociedad "ni en un paraíso fiscal y ni siquiera fuera de la Unión Europea", después de conocerse que Hacienda le investiga por un complejo entramado societario con vínculos en territorios opacos. Tras regresar a su casa después de un nuevo registro de su despacho en el Barrio de Salamanca, Rato ha negado que a raíz de la fianza impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el caso Bankia haya movido dinero entre sus sociedades.

Salía así al paso de la supuesta investigación de la Agencia Tributaria a empresas en las que Rato, su ex mujer María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina figurarían como titulares y que tendrían ramificaciones en paraísos fiscales. Sobre este aspecto, el ex ministro de Economía y Hacienda con José María Aznar es claro al asegurar que no tiene ninguna sociedad "en ningún paraíso fiscal y ni siquiera fuera de la Unión Europea".

El juez encargado de investigar a Rodrigo Rato ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos titularidad del ex vicepresidente del Gobierno y de sociedades relacionadas con él. El magistrado ha requerido además información histórica sobre los movimientos de dichas cuentas. Así, el magistrado Antonio Serrano-Arnal ha enviado un requerimiento a las patronales del sector -la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)-, para que procedan al bloqueo de las cuentas del exministro y de sociedades ligadas a él. Según las fuentes consultadas, la paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados.

En la unidad de inteligencia financiera para prevenir el blanqueo de capitales, el Sepblac, se dispararon las alarmas sobre Rato al detectar movimientos de capitales entre sus sociedades tras la fianza del caso Bankia, que le reclamaba 800 millones de forma solidaria. Preguntado por esta cuestión, Rato ha negado estos movimientos después de la medida cautelar acordada por el magistrado para cubrir posibles responsabilidades por la salida a bolsa de Bankia y que habrían llevado al Gobierno a denunciar las operaciones ante la Fiscalía, que ha apreciado indicios de delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Tras esto, un juez de Madrid ordenó el jueves el registro de manera inmediata del domicilio de Rato y, posteriormente, de su despacho, en presencia del exbanquero, en busca de pruebas, una inspección que duró más de siete horas y que se ha prolongado este viernes. Sobre estos registros, en el mismo tono de la noche del jueves, el ex director gerente del FMI ha mostrado su plena confianza en la Justicia y su máxima colaboración.

Vuelve a su despacho para un nuevo registro

Rato se ha desplazado a las 12:00 de este viernes desde su casa hasta su despacho en el barrio de Salamanca de Madrid para presenciar durante dos horas el registro que realizaban los agentes del servicio de Aduanas. En un coche azul ha recorrido los escasos metros que separan su domicilio en la calle Don Ramón de la Cruz y su despacho en la calle Castello. Sonriente, con un traje gris y camisa blanca, el ex ministro ha tenido que escuchar en este recorrido diversos insultos de transeúntes como "hijo de puta" o "cabrón" y "ladrón".

Rato, que no está detenido, ha entrado decidido en el lugar sin hacer declaraciones a los medios. Aunque las ventanas del despacho situado en un semisótano han sido tapadas con cartones por los agentes Aduanas, por los resquicios se ha podido ver a Rato sentado en una silla y consultando documentación. Tras dos horas, ha vuelto a su domicilio, una vez finalizada la inspección. El ex ministro de Economía entraba en el portal de su vivienda en el barrio de Salamanca de Madrid pocos minutos antes de las 14:00 en medio de un nutrido grupo de periodistas y de nuevo no ha hecho declaraciones. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el registro ha finalizado ya y que finalmente no proseguirá en la finca El Molino, propiedad del ex banquero, situada en la localidad madrileña de Carabaña.

La Agencia Tributaria y del Servicio de Aduanas ha retomado este viernes por la mañana los registros con el fin de completar la inspección que iniciaron en la jornada anterior con la incautación de material informático de los ordenadores de la oficina como consecuencia de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Rato ya estuvo presente en ese registro hasta pasadas las 0:15, cuando fue conducido a su domicilio.

El ex director gerente del FMI declaró la noche del jueves tras quedar en libertad que tiene "confianza en la Justicia" y afirmó que ha colaborado con ellos activamente. "Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad", añadió.

Asimismo, este viernes se ha conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la Operación Puerto, será el encargado de investigar a Rato por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el decanato de Plaza de Castilla ha asignado por reparto a este magistrado la investigación del caso, después de que el jueves su compañero del número 35, en funciones de guardia, ordenara los registros urgentes que reclamaba el Ministerio Fiscal.

Serrano-Arnal es conocido por haber llevado la operación contra el dopaje en el deporte desarrollada por la Guardia Civil en 2006 y por haber condenado al ex magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 entró en la carrera judicial en 1987 y desde 1989 ocupa esta plaza, aunque el Consejo General del Poder Judicial le suspendió en junio de 2003 por tres meses de sus funciones, como autor de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias.