“Con el agua del entorno de Doñana se ha mentido deliberadamente”

Sevilla/La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez (Madrid, 1969), aborda en esta entrevista la polémica por el intento de la Junta de Andalucía de regular un reconocimiento de derechos de regadío en el entorno de Doñana y lamenta que en este polémico asuntos haya instituciones que "han mentido deliberadamente".

–Ha venido a Andalucía a explicar el Plan Hidrológico del Guadalquivir en un momento, aunque haya llovido algo en marzo y abril, en el que todavía nos enfrentamos a una situación de sequía.

–Estamos en la última fase de aprobación de los planes hidrológicos. Y el del Guadalquivir es muy importante. Es un ciclo de planificación en el que hay unas cuantas prioridades transversales, que además se agudizan en el Guadalquivir. Sabemos que tenemos que trabajar en escenarios en los que ya no nos vale la manera en la que computábamos el agua disponible hasta ahora. Tenemos que prepararnos para escenarios de sequía y de inundación. Necesitamos cumplir con los objetivos de la directiva marco del agua en los temas ambientales. Y esto nos obliga a vigilar el estado de las masas de agua, que se va deteriorando por efecto de contaminación difusa. Por tanto, hay que estar pendientes de cómo se mejora tanto el agua de superficie como el agua subterránea, porque necesitamos computar el buen estado de los ecosistemas fluviales y de ribera. Sabemos que hay espacios emblemáticos, como Doñana, que se ven enormemente afectados y todavía enormemente amenazados y donde hay compromisos específicos. Por lo tanto, hay un apartado muy importante del plan que está hecho pensando en Doñana. Y junto a esto sabemos que necesitamos acabar de completar una serie de infraestructuras que nos van a permitir responder a esas necesidades. Otro de los objetivos que nos hemos marcado en el plan es la eficiencia en el uso del agua, donde todavía el volumen más importante de agua que se consume en la cuenca es para regadío. Hay un nivel extraordinariamente elevado de regadíos modernizados, el 80%, pero todavía tenemos un 20% que necesitan modernización. Así que lo que hemos querido presentar es el conjunto de actuaciones que de algún modo están presentes en el plan, acompañadas en los programas de recuperación, en el Perte de Agua Digital, y que ya han superado con un respaldo masivo por parte de los integrantes en el Consejo del Agua de la Confederación. Nos queda la evaluación estratégica y el informe del Consejo de Estado para poderlo llevar al Consejo de Ministros.

–Es verdad que hay un volumen alto de regadío, pero también la demanda es creciente. Hay voces, como por ejemplo la de Antonio Luque, presidente de Dcoop, que dicen que si hubiera suficiente agua en Andalucía, la comunidad no tendría paro. ¿Con esta planificación se puede aumentar la capacidad de regadío?

–El agua no es algo que se invente fácilmente y los escenarios son muy duros. Toda la modelización asociada con escenarios climáticos nos da una tendencia a la reducción de alrededor del 24% del agua disponible en 2050. Por tanto, sería imprudente incrementar el nivel de compromiso con respecto a disponibilidad de agua. ¿Qué estamos haciendo? Asegurar que exista recurso suplementario a través de agua regenerada o desalada y a través de una mejor red de interconexiones y canales. Pero no es factible.

–¿Y con una mejor eficiencia de la que se usa?

–Sí, queremos mejorar la eficiencia de la que se usa. Pero no es factible ni creíble que pueda ponerse en regadío nueva superficie.

–Y más en el entorno de Doñana, aunque haya decaído la iniciativa al disolverse el Parlamento.

–Es imposible. No hay agua. Y porque además hay detrás muchos años de trabajo con un plan aprobado en el año 2014, con un compromiso ante las instituciones europeas. Y con unas sentencias que nos condenan, precisamente, por la desprotección de Doñana y que nos han obligado a hacer un esfuerzo suplementario muy importante, de casi 100 millones de euros, para poder garantizar que incluso el regadío que hoy es legal y que cuenta con títulos legítimos de agua, deba ser sustituido por agua procedente de otras fuentes. Es decir, parte de las inversiones lo que pretenden es descargar la presión sobre los acuíferos en el entorno de Doñana para facilitar la regeneración del espacio natural, asegurando el cumplimiento de nuestras obligaciones para con los concesionarios que tienen un título legítimo para poder regar. Por tanto, es absolutamente imposible pensar que sobre los 20 hectómetros adicionales del túnel de San Silvestre y el trasvase del Odiel-Piedras o las actuaciones para desplazar agua procedente de otras fuentes para el abastecimiento de Huelva, podamos conseguir recursos adicionales para poner en regadío nuevas superficies. Cuestión diferente será la pregunta sobre por qué no se actúa sobre el terreno para buscar, para conseguir generar otras alternativas económicas en una en una zona que depende en tan alta medida de un monocultivo como son los frutos rojos. Cosa que siempre es peligrosa. Cuando la única actividad que genera empleo y riqueza en una zona tiene un peso tan importante, el riesgo de que, por cualquier motivo no suficientemente anticipado o bien gestionado o bien preparado, exista un problema, supone un impacto muy importante para la población. Conviene pensar en otras alternativas y prepararse para poder diversificar actividades.

–¿Se sintió como ministra incómoda por la abstención del PSOE de Andalucía cuando se votó en el Parlamento?

–Bueno, estas no son cuestiones personales. Aquí hay un compromiso personal muy claro de Juan Espadas con la agenda ambiental y con la agenda social, y me parece que lo importante es que el PSOE de Andalucía trabaje con las personas, con los representantes de los ayuntamientos que sienten una gran preocupación porque no pueden dar alternativas en esa zona. Y que de repente se ven afectados por la presión que supone una promesa, que es falsa, que es irreal, pero que genera una expectativa en la gente. Y yo creo que es una gran irresponsabilidad que desde las instituciones se mienta, porque se ha mentido deliberadamente. Es responsabilidad de las fuerzas políticas, incluido, evidentemente el Partido Socialista en Andalucía, trabajar a pie de calle con la gente para construir alternativas reales y con futuro.

–Desde que usted llegó al Ministerio la apuesta por la descarbonización ha sido contundente. Ha habido voces críticas respecto a que se había acelerado demasiado al parar el carbón demasiado pronto o renunciar a las nucleares. ¿El escenario de la guerra de Ucrania le da ahora la razón más que se la quita respecto a esos planes?

–Esa es la lectura que hacemos, y de forma compartida en Europa. La volatilidad, la vulnerabilidad asociada a la dependencia de combustibles fósiles como materia prima energética, más si está concentrada en pocos países y que de repente resulta mucho más conflictivos y complicados de lo que pensábamos, es muy grande. La autonomía estratégica también aplica en el ámbito de la energía. Y afortunadamente España está ubicada en un contexto muy favorable, por razones climatológicas y geográficas tenemos los recursos; por razones de historia, de tradición industrial, de innovación, tenemos las capacidades, y yo creo que estos son los grandes activos. Hemos definido bien los horizontes con los que nos queremos mover, las implicaciones en otras políticas públicas de formación, de innovación, de red, transporte, distribución e industriales a la hora de la producción de los bienes de equipo y los suministros. Y tenemos que dar un salto adelante acelerado en ese proceso. Se nos han tensionado algunos elementos. Es verdad que el despliegue de un volumen tan importante de renovables en el territorio ha de hacerse con el máximo respeto por el entorno y por las personas. No puede considerarse una apuesta que arrolla con los valores que están presentes. Tiene que generar beneficio en el entorno local y tiene que ser aceptado bien por las personas.

Esto ha supuesto también una carga de trabajo para la que no estaban dimensionada las administraciones. Pensemos que en estos momentos tenemos en tramitación dos veces y media el volumen de energías renovables que considerábamos adecuado para el año 2030. Es cierto que acelerar la transformación del sistema energético, que desplegar el hidrógeno verde, va a requerir probablemente una revisión al alza de nuestros objetivos a 2030. Pero, es verdad también que, como digo, toda esta primera oleada de proyectos que han aparecido en los primeros años, genera un volumen de trabajo muy notable. Hemos construido elementos que lo acompañan que son muy interesantes, como las tecnologías de almacenamiento de electricidad y la regulación para favorecerlo. Tanto almacenamiento tradicional, que pueden ser el bombeo o las baterías, se complementa con el almacenamiento químico con sales, como puede ser la termosolar, o con otras tecnologías que están en estos momentos en fase de aprendizaje.

–¿También el hidrógeno verde?

–Sí. La producción de hidrógeno nos sirve de almacenamiento, pero todo eso también requiere una regulación específica para ver cómo se retribuye.

–Cuanto más largo sea el plazo en el que se recupera la energía almacenada como hidrógeno, más rentable resulta.

–Eso es. Todo eso también requiere una regulación específica, no solamente que estimule, que induzca y que nos permita testar cómo se produce, cómo se consume o se transporta. También el modo en el que se retribuye, cómo entra en el sistema, cómo se regula la seguridad. Y estamos en este proceso. Nos encuentra bien ubicados. Es enormemente prometedor desde el punto de vista de la innovación, del empleo de calidad, del posicionamiento estratégico con respecto a nuestros vecinos, pero también con respecto al despliegue global que se puede ir produciendo en distintos entornos a distintas velocidades. Y no nos podemos permitir el lujo de perder estos trenes para los que estamos tan bien ubicados, no prestando atención.

–¿Entonces debemos acelerar?

–Sí, es una oportunidad para acelerar. Ahora lo que no debe ser es una oportunidad para volver atrás. Yo creo que eso es un falso atajo. Las centrales térmicas no se cerraron porque hubiera una prohibición de funcionamiento. Se cerraron porque era antieconómico invertir en las condiciones, generaba un impacto en términos de salud muy importante y no era una apuesta de medio y largo plazo. Hemos visto que ha habido pequeños repuntes de reutilización de carbón. Aquí, en Los Barrios, EDP decidió prescindir de la autorización de cierre que ya tenía. Ha asumido que reiniciará el procedimiento cuando toque y vuelve a quemar carbón porque no tenía capacidad para cubrir la potencia que tenía contratada que estaba obligada a suministrar. Con la nuclear pasa un poco lo mismo. Nosotros necesitábamos entender cuáles eran los planes, los plazos que manejaban las propietarias de las centrales nucleares para poder ordenar y prever las inversiones. Para poder gestionar correctamente los residuos y para poder gestionar correctamente el desmantelamiento. Porque no es deshacer un armario. Es algo mucho más complejo, que requiere unas condiciones de seguridad muy importantes y que requiere un personal enormemente cualificado. Y se llegó a un acuerdo en el que las centrales funcionaban, todas ellas, algo más de 40 años, siempre que cumplieran los requisitos de seguridad. Esto, obviamente no se discute. Tienen que cumplir con todas las inversiones que exija el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero ningún propietario quería iniciar un ciclo nuevo completo, que es prácticamente equivalente a construir una nueva central. ¿Por qué? Porque saben que desde el punto de vista de la estrategia de negocio, de la rentabilidad de la inversión, es mucho más interesante, mucho más favorable invertir en renovables con almacenamiento o con hidrógeno, pero no en nuclear.

–¿Falta incidir en el mensaje de que cuanto más generación renovable tengamos, más seguridad energética y mejor precio habrá?

–Totalmente. Es la mejor respuesta para contar con energía segura, estable, a precio predecible y razonable. Es nuestra autonomía estratégica en energía. Y no queremos construirla basándonos en que no fabrico, no importo, no innovo y simplemente importo bienes de equipo, alguien me los instala y alguien me los viene a vigilar. No. Creemos que tenemos la capacidad industrial para que toda la cadena de valor, que ya está bastante bien representada en la industria española, quede fortalecida y tenga un incentivo permanente a la innovación y a la mejora constante, porque son las soluciones energéticas que va a reclamar el siglo XXI en todas partes. Por tanto, queremos que sea una gran oportunidad de fortalecimiento del peso de la industria en nuestra economía, pero también del peso del empleo de calidad. Y esto, en ese enfoque completo, requiere cualificación profesional adecuada, incluso nuevas titulaciones.

–¿Quizá el mejor aval que tiene la estrategia que ha desarrollado es la cantidad ingente de dinero dispuesta a invertir en renovables en España?

–Eso es espectacular. Hay muchas cosas que ponen de manifiesto el éxito en autoconsumo o en renovables nuevas. España es el tercer país más atractivo del mundo en inversión en energías renovables. España es el primer país en firma de PPA, de contratos bilaterales de energía renovable a largo plazo. La industria española dice, en este momento de crisis que las tarifas que les ofrecían las eléctricas consideraban ellos que eran demasiado altas, que cuando han querido ir a comprar desarrollos de plantas renovables, están disparados porque la demanda es muy alta. En este contexto de precios tan elevados, todo el mundo quiere poder disponer de energía barata, estable, como son las renovables. Y claro, tampoco es bueno que haya esta volatilidad.

–De hecho se ha parado el mercado de los PPA, nadie quiere vender o comprar sin certeza sobre los precios.

–Eso es. Por eso no es bueno. Yo creo que el mercado eléctrico está roto, eso está claro. Y ese ha sido uno de los argumentos que venimos reclamando desde hace un año. Ni la oferta y la demanda ha cambiado, ni los costes relativos de cada tecnología, salvo el gas natural. Y sin embargo los precios se han disparado. Y eso amerita una intervención. No tiene sentido decir que no se puede tocar. La electricidad es algo fundamental, básico. Por lo tanto, tendremos que pensar, si el mercado no funciona, de qué manera se facilita el que funcione mejor y que haya precios razonables, no solamente porque se dé cobertura a los consumidores vulnerables a través de los presupuestos del Estado o a través de imposiciones de obligaciones de servicio público a las comercializadoras, sino porque hay que generar las señales que permitan contar con un listón razonable. Tiene otras implicaciones en relación con los precios, con el coste para la industria. Una industria que introduce ajustes de demanda porque no puede pagarlo. Por tanto, en cadena se puede producir un problema de producción, un problema de desempleo, un problema de reducción de crecimiento.