El Consejo de Ministros tendrá que autorizar la compra de Vodafone España por Zegona

El Consejo de Ministros decidirá sobre la adquisición de Vodafone España por Zegona por 5.000 millones de euros dado que se trata de una inversión extranjera directa, según apunta el comprador en un documento que registró sobre esta operación en la Bolsa de Londres.

La adquisición de Vodafone España también estará sujeta a otro tipo de autorizaciones como el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la Comisión Europea y de los propios accionistas de Zegona.

No es la única teleco en España que está pendiente de la autorización del Gobierno, ya que lo mismo le ocurre a Telefónica en el caso de que STC Group decida hacerse con el 9,9% del capital del operador como anunció en septiembre.

STC Group deberá de pedir autorización al Ministerio de Defensa al tratarse de una teleco con importantes contratos en el área de defensa. En este caso, ni STC Group, ni el propio ministerio han confirmado que se haya cursado la petición de solicitud para esa adquisición.

La autorización del Consejo de Ministros ya fue preceptiva cuando los tres fondos que compraron Masmóvil (KKR, Providence y Cinven) en 2020 quisieron hacerse con la compañía conforme a lo establecido en la Ley 19/2003, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

En esa ley, existe un artículo, el 7bis, por el que el gobierno puede suspender determinadas inversiones extranjeras directas en España cuando se alcance una participación igual o superior al 10% del capital social.

Esta norma se reforzó en julio, cuando se refiera a actividades relacionadas con la defensa nacional".

Además, será preceptiva la aprobación de la transferencia de concesiones relevantes para el uso privado del dominio radioeléctrico público por parte de la secretaría dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La adquisición de Vodafone España por parte de Zegona trascendió el pasado 31 de octubre. Se prevé que el proceso se cierre en el primer semestre del año que viene.