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Asemesa eleva a 35 millones las pérdidas por los aranceles de Trump a la aceituna negra

La asociación aplaude la decisión de la Organización Mundial del Comercio de abrir un panel de expertos para decidir sobre la legalidad de las tasas

Advierte que ha asumido el coste de recurrir en los tribunales de EEUU, de cinco millones de euros, sin apenas recibir ayudas públicas

Antonio de Mora, secretario general de Asemesa
Redacción

25 de junio 2019 - 19:57

La Asociación española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) cifra en 35 millones las pérdidas de las empresas por los aranceles de EEUU a la aceituna negra, en vigor de forma oficial desde el pasado mes de agosto. La patronal suma a esta cifra los cinco millones de gasto de defensa ante los tribunales de EEUU, que ha tenido que asumir casi en su totalidad, “con la salvedad de una ayuda limitada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”, según el secretario general de Asemesa, Antonio de Mora. Más allá de eso, dice, "no hemos recibido un euro de ayuda pública".

La asociación de empresas aceituneras sacó a la luz estas cifras un día después de que la Organización Mundial del Comercio decidiera constituir un panel de expertos para decidir la legalidad de las medidas de la Administración Trump, que imponen una tasa del 34,75% en total por dumping y por recibir ayudas ilegales a la producción. Asemesa valoró positivamente esta decisión: “Aunque se trata de un proceso largo y complicado, era necesario que la UE solicitara la creación del panel y la OMC lo aprobará, como así ha sucedido, porque constituye uno de los elementos esenciales ante los aranceles injustificados y arbitrarios impuestos por EEUU”. Para la patronal, éste era un paso obligado, ya que los aranceles van contra toda la Política Agraria Común y no sólo contra la aceituna negra.

Por otro lado, Asemesa informó de que el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de EEUU ante el recurso presentado por la asociación se producirá previsiblemente en el primer trimestre de 2020. Antes, a partir del 1 de agosto, que es cuando se abre el plazo, la patronal solicitará las revisiones administrativas de la investigación, en las que se podrán comprobar los datos que justificaron los aranceles.

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