La banca tendrá que pagar al Estado un 10% de interés si pide ayudas para sanearse

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una nueva reforma financiera, la segunda desde que gobierna el PP, que endurece las provisiones de la banca y que no incluye ayudas a fondo perdido a las entidades que lo necesiten, pero sí apoyos con un tipo de interés cercano al 10% anual. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras el Consejo de Ministros que el Gobierno está determinado a "tomar las medidas necesarias" para restaurar la "credibilidad y la confianza" en el sistema financiero.

La medida endurece las provisiones de los créditos inmobiliarios sanos, lo que obligará a las entidades a movilizar unos 30.000 millones de euros. Hasta ahora, las entidades debían provisionar solo con un 7% los créditos considerados no problemáticos, pero ahora este porcentaje se eleva considerablemente, hasta un 52% en el caso del suelo y de los préstamos sin garantía real, el 29% en el caso de la promoción en curso y en un 14% en la promoción terminada. Las entidades contarán además con un mes de tiempo, hasta el 11 de junio, para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos.

En la primera reforma financiera, aprobada a principios de febrero, se exigía a la banca una cifra algo superior para provisionar los créditos problemáticos, 54.000 millones de euros, pero el plazo para presentar los planes fue el doble, casi dos meses. Ahora, la premura del Gobierno por dar por completado el saneamiento del sistema financiero, y sobre todo de dar una imagen de confianza a los mercados, ha llevado a acortar los plazos para que las entidades presenten las medidas que van a llevar a cabo para cumplir con el saneamiento. No obstante, el Ministerio de Economía quiere dejar algo más de tiempo, hasta el 30 de junio, a las entidades para que decidan si su proyecto de viabilidad futura pasa por un proceso de fusión o integración.

Préstamos de dinero público al 10% de interés

El Ministerio de Economía da por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital. Por ello, el real decreto ley aprobado contempla que, en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

Se trata de la emisión de bonos contingentes convertibles, denominados cocos en el argot financiero, una especie de préstamos que las entidades deberán devolver en cinco años y por los que tendrán que pagar un interés del 10%. "Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas", dijo el ministro, quien insistió en que no costará dinero a los contribuyentes, porque no habrá ayudas públicas, sino una "disponibilidad de recursos" por los que se pagará un tipo de interés alto, "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos". El ministro avanzó que el dinero que habrá que inyectar en las entidades "será inferior a lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del FROB", que sumó 15.000 millones de euros.

El Gobierno ha decidido también, para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados y dar cumplimiento a la petición de Bruselas, encargar a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española. "España afronta uno de los momentos más difíciles de su historia y es necesario adoptar medidas", enfatizó Sáenz de Santamaría, tras recalcar que el objetivo es recuperar la concesión de crédito y conseguir la venta de viviendas "a un precio razonable".

Economía pedirá a la banca que adelante sus aportaciones al Fondo de Garantía

De Guindos también ha anunciado que el Gobierno se plantea pedir a los bancos que adelanten sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), prácticamente agotado tras la venta de Unnim, por lo que "el planteamiento en estos momentos" es pedir a las entidades "una posible derrama especial" de las cuotas que tienen que aportar para cubrir el fondo y financiar así "las operaciones pendientes en estos momentos", ha explicado.

Tras las subastas de la CAM y Unnim, el sector ya advertía de que no habría fondos para la próxima puja, la de Banco de Valencia, ni tampoco para cubrir las pérdidas que afloraran en la CAM o para subastar CatalunyaCaixa. Las entidades de crédito aportan cada año el 2 por mil de los depósitos de los clientes que tienen en balance al FGD, pensado principalmente para garantizar el dinero de los ahorradores en caso de quiebra. Según fuentes del sector, Economía ha propuesto que las entidades adelanten entre ocho y diez anualidades y aporten un 3 por mil, lo que supondría sumar entre 18 y 20.000 millones a los poco más de 2.000 millones con los que cuenta ahora el FGD.

Los bancos, obligados a traspasar sus activos inmobiliarios problemáticos

Los bancos estarán obligados a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos, según ha confirmado Luis de Guindos. El Gobierno insistía en las últimas semanas en que los bancos decidirían si traspasaban sus activos inmobiliarios, pero finalmente será obligatorio. El titular de Economía ha considerado que estas sociedades son "muy adecuadas" y ellas, junto con el saneamiento adicional de unos 30.000 millones del crédito inmobiliario teóricamente sano, servirán para que haya créditos y se vendan viviendas a precios "adecuados".

La ventaja del traspaso de los activos problemáticos es que si los bancos, en su carrera por sanear estos activos tóxicos que rondan los 180.000 millones, son incapaces de hacerlo por sí solos, podrán ser ayudados si tienen un socio en la nueva entidad. Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir, los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del ladrillo sano que pasen a ser problemáticos.

Además, con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos, la sociedad deberá colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre. En el caso de las entidades con ayudas públicas, la desinversión será mucho más acelerada, ya que el borrador da un plazo máximo de 3 años para que la sociedad inmobiliaria quede fuera del perímetro de consolidación del banco. Para hacer el traspaso se tendrá en cuenta el valor razonable de cada activo y si no estuviera disponible, se recurrirá al valor contable una vez deducidas las provisiones que el banco haya hecho.