El creciente descontento social por la vivienda requiere acciones urgentes

EL pasado domingo 13 de octubre en numerosas ciudades españolas tuvieron lugar manifestaciones por la vivienda. Muestra el descontento social por las grandes dificultades para el acceso a vivienda accesible, sobre todo de alquiler en un grupo de ciudades que incluyen Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, que están muy tensionadas. Se debe tomar buena nota porque, además, la situación se sigue deteriorando. Se piden soluciones urgentes, algo no tan fácil, ya que se requieren un millón de viviendas nuevas en el próximo decenio. Sin embargo, se pueden combinar decisiones a corto plazo que alivien, al menos parcialmente, la falta de oferta en aquellas zonas que más lo necesitan, con una estrategia a medio y largo plazo para estabilizar la compra y alquiler en el conjunto del país.

Las competencias de vivienda están repartidas entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque son estas dos últimas instituciones las que tienen más que decir. Las comunidades autónomas a la hora de la regulación del mercado inmobiliario y el diseño específico de la política de vivienda en sus territorios. Y los ayuntamientos en el ámbito de la disponibilidad del suelo finalista. Poco podrán promover las corporaciones locales, debido a sus limitados recursos. El Estado puede contribuir con un marco general de impulso a la vivienda y con financiación, pero no se puede olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen el núcleo central de las competencias. Se deben alinear mucho más las visiones y actuaciones entre administraciones, aunque haya al mando partidos políticos de distinto signo. Un gran consenso nacional ante la gravedad de la situación. Es un error pensar que ponerse de perfil puede beneficiar a alguien políticamente, porque el descontento llegará a todos los agentes implicados. Hay que dejar de perder tiempo hablando de emergencia nacional para pasar ya a diseñar soluciones reales.

En el corto plazo, hay varias actuaciones factibles que ayudarían a desatascar esta situación. La primera de ellas, aunque sus implicaciones en gran parte sean de largo plazo, es la aprobación del proyecto de la Ley de Suelo que no se llegó a presentar en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos políticos suficientes. Aquí es donde hace falta el primer gran consenso nacional. Permitiría reducir la inseguridad jurídica, simplificar trámites burocráticos y el desarrollo de nuevas actividades de construcción. La planificación adecuada del suelo es fundamental para garantizar una oferta suficiente y moderar el incremento de los precios. Y para una participación intensa del sector privado -tanto capital español como foráneo- en la construcción y promoción de viviendas hace falta más garantías jurídicas y unos incentivos que la aprobación de la Ley permitiría.

Aumentar la oferta de vivienda asequible es también crucial. No solo a través de la construcción de nuevas viviendas, sino también la rehabilitación de las existentes. Una vía son los incentivos fiscales, una cuestión que suscita fuerte debate. Estos estímulos para desarrolladores privados que construyan viviendas asequibles y la colaboración público-privada pueden ayudar a aumentar significativamente la oferta de viviendas asequible. En todo caso, los incentivos fiscales deben emplearse con cautela para no repetir errores del pasado. Por otro lado, en las zonas más tensionadas es necesaria desde ya la participación activa de la política de vivienda, con recursos públicos, que aligere parte de la tensión actual.

La regulación de la vivienda en alquiler no debe ser distorsionadora, sino buscar un equilibrio que proteja a los inquilinos sin desalentar a los propietarios. Además, la creación de un entorno regulatorio estable y predecible puede fomentar la inversión en el mercado de alquiler, aumentando así la oferta de viviendas de alquiler a precios asequibles. Es evidente que el contrato de alquiler vacacional no está siendo usado adecuadamente, por lo que conviene regular e inspeccionar para que se emplee correctamente pero evitando tomar medidas que retiren aún más viviendas del mercado.

Un elemento importante una vez comience el proceso de construcción y finalización de viviendas sociales (en compra y alquiler), es asegurar que terminan en las manos adecuadas, en aquellas personas a las que va destinada, por su mayor dificultad de acceso. Los requisitos para disfrutar de una vivienda social deben ser estrictos y vigilar su cumplimiento, sobre todo, si llevan aparejados incentivos económicos de algún tipo.

En definitiva, para comenzar a cambiar la percepción social de que no está haciendo suficiente, en el corto plazo lo más urgente sería la aprobación de la Ley del suelo y el comienzo de actuaciones en las zonas más tensionadas, con la colaboración público-privada y la coordinación de todas las Administraciones Públicas. No olvidemos que el Estado puede impulsar, incluso financieramente, pero las competencias de vivienda están en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sin cuyo concurso los logros serán muy limitados. Para la estrategia de vivienda de medio y largo plazo hace falta un enfoque holístico y coordinado en la política de vivienda, combinando la gestión eficaz del suelo, la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles, la regulación adecuada del mercado de alquiler y el desarrollo de políticas de financiación sostenibles, contribuirá a un mercado inmobiliario más equilibrado y justo. En los que hará falta mano de obra suficiente –que ahora no la hay– y que hay que tener un plan para los recursos de trabajo que sean necesario. La colaboración entre el sector público y privado, junto con una planificación urbana eficaz, será fundamental para alcanzar estos objetivos y asegurar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos. Acometer estas políticas no solo mejorará la accesibilidad a la vivienda, sino que también contribuirá a la estabilidad económica y social, promoviendo un desarrollo urbano sostenible y equitativo.