¿Por qué los incentivos a las empresas en Andalucía no funcionan?

Se ha convertido en casi un tópico, desde hace ya tiempo, señalar la dimensión promedio de las empresas españolas como un factor influyente en la menor productividad de nuestra economía frente a otras de referencia, dado que las diferencias en la distribución de las actividades productivas no alcanzan a explicarla de modo suficiente. Añadido a esto, esa menor dimensión se puede relacionar con las diferencias de salarios promedio respecto a otros países también de referencia, habida cuenta de que las diferencias salariales no se corresponden sólo con unos u otros sectores productivos o con diferentes formas de relación laboral, sino también con la dimensión de las empresas.

Sin embargo, tal parece que el comportamiento de las políticas públicas, incluyendo incentivos económicos de toda índole, haya estado más orientado a facilitar la pervivencia de las pequeñas empresas en su dimensión que a estimular su crecimiento. Todos los lectores recordarán algún acto o alguna conferencia en la que se haya hecho hincapié en la gran participación de pymes en la estructura empresarial española, dando lugar a la consecuencia implícita de que éstas son las empresas que habrían de ser objeto preferente de la atención pública.

La Junta tardó en asumir la importancia de lo privado

Desde luego, esto ha sido característico en Andalucía. Hasta bien avanzado el largo mandato del presidente Chaves no se comenzó a asumir por el gobierno la importancia de la acción empresarial privada, el rasgo distintivo de una economía de mercado. De alguna forma, estaba en la mente de los dirigentes socialistas el concepto de economía social de mercado, que no aparece en nuestra Constitución como tal, pero que fue la marca distintiva de la economía alemana desde 1948 hasta 1967, cuando comenzó su transformación en un Estado de bienestar. No ajena a ese pensamiento ha sido la gran vocación planificadora de la Junta de Andalucía y la consideración de las cooperativas como el modelo de empresa deseable.

Digamos que, porque eran empresas capitalistas, pero algo menos que las otras, ya que la uniformidad en el reparto del capital impedía o limitaba la apropiación extracción de las plusvalías del trabajo por parte del empresario, cosa que se suponía inconveniente y característica en cualquier empresa convencional. Es ocioso mencionar la influencia que el pensamiento sindical, por unas u otras vías, ha tenido en los pasados gobiernos andaluces, pero también es debido reconocer que el pensamiento hacia el empresariado se fue modificando en los últimos gobiernos socialistas.

Financiación de muchos proyectos con poco impacto

Ha sido característica en los sucesivos instrumentos andaluces de apoyo financiero a las empresas, la atención preferente a las pymes, dando lugar a la financiación de miríadas de pequeños proyectos de inversión cuyo impacto, en el mejor de los casos, se traducía en la contratación de algunos trabajadores y en facilitar la adquisición de maquinaria y equipos con muy poco impacto en el crecimiento de la empresa beneficiaria. La distribución del apoyo financiero, además, ha adolecido, si no de criterios explícitos, sí de la necesidad política implícita de un reparto provincial, lo cual llevó, casi, a la identificación de cualquier proyecto susceptible de ser financiado. El análisis de los resultados de ejecución de casi cualquier Orden de ayuda del pasado muestra inversiones subvencionadas de cuantías casi insignificantes, pero porque el mayor valor era el simple número de iniciativas atendidas. Se comprende con facilidad que la primera acción tras una idea o proyecto empresarial fuese la de identificar las ayudas disponibles, que siempre, se suponía, tendría que haber alguna. Como es natural, esto se intensificó cuando el emprendimiento emergió como fenómeno económico y a su estímulo se aplicaron las administraciones de todo tipo, parece que siempre más orientadas a buscar un proyecto financiable que a facilitar la creación de las condiciones en las que el emprendimiento surge y prospera.

En los sucesivos marcos de apoyo comunitario de los que nos hemos beneficiado se ha venido perfeccionando, sin ninguna duda, la orientación del apoyo público dejándose atrás el mero apoyo a casi cualquier proyecto empresarial por el mero hecho de ser eso, un proyecto empresarial. Pero he de confesar que produce un cierto desánimo examinar la relación actualizada de proyectos empresariales financiados en Andalucía dentro del programa operativo regional Feder, información que ofrece el Ministerio de Hacienda. Digo desánimo porque, aun siendo pymes las beneficiarias, la inversión promedio en la línea 001 Inversión productiva, es inferior a 650.000 euros. El recorrido es de 49.000 a 13 millones de euros, sólo 13 superan los dos millones de euros, excluyendo un proyecto de dotación a instrumentos financieros de apoyo. Salvo excepciones, no parece que el instrumento vaya a tener una contribución apreciable a la transformación de la estructura productiva de Andalucía, ya sea por la propia naturaleza del proyecto –más de lo mismo, no pocas veces– o ya sea por su montante, que no permite auspiciar una ganancia significativa de dimensión empresarial. Es posible, desde luego, que la distribución de proyectos se deba a la propia realidad de la demanda empresarial de apoyo y a que es necesario ir ejecutando el programa. Es posible también que la parsimonia en la tramitación no esté reflejando la realidad de las solicitudes y que esta situación mejore antes de 2020, siempre y cuando se logre dotar a la agencia responsable de la presencia y acción de funcionarios públicos que, como es sabido, viene requerida por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Orientación al crecimiento de las empresas

Pero, en todo caso, creo que la acción pública debería de estar muy orientada ahora y en el futuro, el próximo marco de apoyo, al crecimiento de las empresas, a la ganancia de dimensión casi como condición para la ayuda. Y a este objetivo insoslayable podría contribuir una acción inteligente de la oferta de financiación bancaria. Los bancos tienen acceso a un gran volumen de liquidez prácticamente sin coste, pero no se está traduciendo suficientemente en financiación empresarial. No niego que puedan aducir la insuficiencia de demanda solvente, pero quizá habría que reexaminar si los requerimientos de solvencia y la exigencia de garantías son las adecuadas, lo cual, obviamente, no debe traducirse en financiación de malos proyectos, sino en la capacidad para examinar el valor intrínseco del proyecto empresarial, no siempre bien reflejado por las ratios utilizados para su escrutinio y calificación.

Por otra parte, estamos asistiendo a un gran interés en la adquisición o toma de participación en empresas por parte de fondos de inversión actuantes en Andalucía, atentos a una gran diversidad de sectores productivos. Tengo para mí que su acción puede tener un gran potencial para contribuir al crecimiento de la dimensión en aquellas empresas en las que inviertan, ya sea mediante ulteriores fusiones, el aprovechamiento de posibles sinergias entre empresas participadas o la propia puesta a disposición de sus relaciones en otros territorios.

Pero para el aumento de la dimensión, además de remover los obstáculos regulatorios que suelen señalarse, es necesario que el gobierno haga uso de toda su capacidad relacional y de su capacidad de coordinar la acción privada, sin dirigirla. Y sobre todo que se alcance el gran objetivo de convertir a Andalucía en un territorio amigable para la acción empresarial. Las primeras acciones del nuevo gobierno van en esta dirección y, en mi opinión, hay que tener confianza.