La investigación fiscal sobre Rato se centra en un "complejo" entramado societario familiar

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar", según han explicado fuentes próximas al proceso. Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal. A partir de ahí, es el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.

El patrimonio regularizado por Rato en la amnistía fiscal tendría su origen en el pasado y no estaría relacionado con sus actividades profesionales, sino que podría provenir de la herencia recibida tras la muerte de algunos miembros de su familia, argumentan las fuentes. Sin embargo, a Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, que los expertos tratan de aclarar ahora si ha servido para blanquear dinero y si tiene su origen en la fortuna cosechada por su padre, Ramón Rato.

El patriarca de los Rato, propietario del Banco de Siero, abrió en los años 60 una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en el país helvético y la vecina Alemania, práctica por la que fue condenado a cárcel por evasión de capitales. Además, supuso el pago de una multimillonaria multa por los bienes acumulados en el extranjero que, en parte, podrían haber acabado formando parte del patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno, que habría regularizado su situación con la amnistía.

Con el objetivo de hacer aflorar dinero no declarado, el Gobierno aprobó en el marco de los presupuestos para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10% para todas las rentas que salieran a la luz. El gravamen era del 8% para empresas que aflorasen dividendos procedentes de fuentes extranjeras o rentas derivadas de la transmisión de participaciones. El proceso, que estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012, permitió que se declararan 40.000 millones de euros y supuso ingresos de 1.200 millones para las arcas del Estado, casi la mitad de lo que el Gobierno esperaba recaudar.

Sin embargo, quien haya cometido un delito de blanqueo o alzamiento de bienes seguirá siendo responsable de ello aunque se hubiese acogido a la amnistía fiscal, lo que provocó que la Agencia Tributaria detectara 705 casos sospechosos, entre ellos el de Rato, remitidos de forma inmediata al Sepblac después de febrero, tal y como adelantó el diario digital Vozpópuli.

La misma publicación aseguraba que el también ex presidente de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes. Rato ha negado tener o haber tenido una sociedad con sede en dichos paraísos fiscales, al tiempo que ha asegurado que no tiene constancia de estar siendo investigado. El que fuera ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José María Aznar ha declinado comentar si se acogió a la amnistía, una noticia que fuentes del Gobierno han confirmado a varios medios y ha generado un aluvión de reacciones. Los grupos parlamentarios de la oposición fueron los primeros en criticar la posibilidad de que Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria.

Por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que no puede informar sobre los contribuyentes, mientras que el titular de Economía, Luis de Guindos, subrayó que no puede comentar absolutamente nada, pues cualquier posible investigación del Sepblac está sujeta a deber de confidencialidad. En el caso de la responsable de Fomento, Ana Pastor, ha reclamado explicaciones a Rato, al igual que han hecho otros destacados miembros del PP como Esperanza Aguirre, que ha dicho sentirse "bastante defraudada", o Rita Barberá.

El PSOE, por su parte, ha pedido la dimisión de Montoro tras el escándalo que para el líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, debería abandonar su cargo por "decencia política". El hecho de que Rato se haya acogido a la amnistía fiscal es "el colmo de la desvergüenza" y una muestra de que el Ejecutivo aprobó esta medida para ayudar a amigos, por lo que ahora debería publicar la lista de los beneficiarios "caiga quien caiga". El grueso de las reacciones han cargado directamente contra Rato al que, según UPyD, debería retirársele el pasaporte y prohibirle la salida de España para evitar el riesgo de fuga, medida que el partido liderado por Rosa Díez ya había reclamado sin éxito en el pasado al juez del caso Bankia, Fernando Andreu.