Los militares asumen el tráfico aéreo

El Gobierno dio anoche un golpe en la mesa ante la huelga encubierta de los controladores aéreos que sumió ayer a España en un caos sin precedentes. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó poco antes de las 23:00 horas una orden que permite al Ministerio de Defensa tomar el control del espacio aéreo español. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de anunciar la decisión pasadas las 11.30 de la noche, ante "la situación de extrema gravedad que se vive en los aeropuertos españoles".

El espacio aéreo de prácticamente todo el país quedó cerrado a última hora de la tarde de ayer, después de que los controladores comenzaran a ausentarse de sus puestos de trabajo alegando motivos de salud. El Ejecutivo les dio un ultimátum para que regresaran a sus puestos de trabajo, pero ante la negativa de éstos, ordenó que los centros de control de los aeropuertos civiles quedarán militarizados.

"No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos", indicó el ministro de Fomento, José Blanco. El Gobierno estudia incluso acusarlos de sedición, un delito contemplado en el Código Penal y que se castiga con hasta ocho años de cárcel. La huelga encubierta de los controladores aéreos afectó ayer a 330.000 pasajeros y de proseguir, los damnificados podrían llegar a ser 4,6 millones millones. Los aeropuertos españoles se convirtieron en un hormiguero de personas, con largas filas de pasajeros indignados y nerviosos, mientras el espacio aéreo español se quedaba vacío en plena apertura del puente de la Constitución.

El Ejecutivo hizo entrar en vigor con urgencia, a las 21:30, un decreto ley que permitía al presidente del Gobierno ordenar esa militarización, que supone que el Ministerio de Defensa asuma el control del espacio aéreo civil. Tras esto, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz, se unió junto a su equipo al gabinete de crisis convocado por Blanco en la sede del Ministerio.

En la raíz del conflicto está el hecho de que los controladores se opongan a una regulación por parte del Gobierno del máximo de horas que pueden trabajar, una medida que fue ratificada ayer por el consejo de ministros.

El espacio aéreo de la capital española y el que depende de él fueron los primeros en quedar cerrados por la tarde. Después ocurrió lo mismo con el de Canarias. Y en poco tiempo quedó cerrado todo el espacio aéreo español, con excepción del de Andalucía. Daniel Zamit, portavoz del sindicato mayoritario de los controladores, USCA, hizo un llamamiento al colectivo "a la responsabilidad" para que volvieran a sus puestos de trabajo, pero sin el éxito esperado.

Por ello, el Gabinete de crisis del Gobierno tomó anoche tres medidas urgentes. En primer lugar, el traslado de efectivos militares a los cuatro centros de control que existen en España: Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias para asegurar su buen funcionamiento. En segundo, el refuerzo por parte de Defensa del personal de los nueve aeropuertos de uso mixto militar y civil: Villanubla (Valladolid), San Javier (Murcia), Salamanca, Talavera de la Reina (Toledo), Badajoz, León, Zaragoza, Albacete y Cuatro Vientos y Torrejón (Madrid). A ellos se empezaron a desviar vuelos civiles.

Como tercera medida de urgencia, coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los 10 aeropuertos civiles abiertos para asumir el mando. A sus órdenes quedaron los controladores civiles que acudieron a trabajar -todos los efectivos de los aeropuertos canarios, la mitad de los efectivos de El Prat en Barcelona, y menos de diez en el de Barajas-. A lo largo de la madrugada, los militares se fueron incorporando al resto de aeropuertos españoles, 47, para que hoy por la mañana puedan estar operativos. Además, exigirán la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes.

Por su parte, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, penado con hasta 8 años de cárcel.

El fiscal pidió a la Policía y a Aena que informe de aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil procedió a identificar a los que estaban reunidos en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se mantenían concentrados.

Las fuentes de la Fiscalía señalaron que estas actuaciones se llevan a cabo en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley penal de Navegación Aérea, que establece el delito de tráfico aéreo y el agravante de sedición, en caso de que se observe una voluntad intencionada de paralizar el tráfico aéreo. En estos casos, este tipo de conductas están penadas con hasta 8 años de prisión.

El ministro de Fomento, añadió, que, aparte de las diligencias abierta por la Fiscalía, "por supuesto que se contemplan también los despidos" para que una situación así no se vuelva a repetir.