Minera Los Frailes o la recompensa a la paciencia

Hace menos dos días, el jueves pasado, se ha aprobado la Autorización Ambiental Unificada del proyecto minero Los Frailes (Aznalcóllar, Sevilla), restando sólo las autorizaciones de los proyectos de explotación y del plan de restauración. Esto permite pensar que la operación podría comenzar en 2027, finalizando así la trayectoria de una tramitación de casi un decenio y que, sin exagerar, se podría calificar como un calvario. El concurso internacional convocado por la Junta de Andalucía, tras una proposición no de ley en 2013, fue un acierto y es debido reconocérselo a la entonces presidenta, Susana Díaz. Y es debido reconocer también el empuje y la tenacidad del alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández. Digo que fue un acierto porque se consiguió atraer a una empresa minera de primera fila mundial: Grupo México, y en esta atracción tuvo un papel muy importante el accionista minoritario: Minorbis. Por su parte, los funcionarios que evaluaron los proyectos candidatos hicieron un trabajo verdaderamente ejemplar. Sin embargo, amén de la oposición contumaz de los ecologistas organizados, la empresa que no ganó el concurso decidió acudir a los tribunales –sin ningún fundamento real, en mi opinión– y, a pesar de varias propuestas de archivo del caso, se ha señalado la apertura del juicio oral para 2025. He escrito extensamente sobre este proyecto en estas mismas páginas, por eso querría hacer ahora una reflexión de otra naturaleza, enfocada en otro tipo de empresas mineras: las dedicadas a investigación.

Los bajos precios de los metales a finales del siglo pasado y comienzos del actual llevaron a la suspensión o al cierre de las operaciones de la minería metálica en Andalucía. Esta actividad llegó a ser considerada casi como algo del pasado y poco menos que impropia en una región que aspiraba a contar con una industria “moderna”. Sin embargo, los precios comenzaron a recuperarse a finales del primer quinquenio de este siglo, lo que llevó a alumbrar expectativas de reactivar la operación de Riotinto, aunque esto no sucedería hasta diez años después y siendo ya Atalaya Mining. Estos precios, y las características excepcionales del mineral secundario, animaron la inversión para abrir en 2009 la mina Las Cruces (Gerena, Sevilla), tras superar una tramitación singularmente compleja debido a la localización del yacimiento. En Aguas Teñidas (Almonaster, Huelva), hoy Sandfire-Matsa, se realizó la inversión necesaria para comenzar una nueva operación en 2007. Aguablanca (Monesterio, Badajoz, en el límite con Andalucía) se abrió en 2005 y hoy día está próxima la apertura de una contramina, tras detenerse la explotación a cielo abierto en 2015. Estos hechos fueron conduciendo a que la posición de la administración andaluza fuese adoptando una posición más favorable hacia la minería. 

El renacimiento de las actividades operativas y auxiliares hicieron conveniente la creación de una asociación empresarial independiente y con voz propia, lo cual se materializó con la fundación de Aminer, en 2010. Sólo cinco años después se celebró el primer MMH (Mining and Minerals Hall), probablemente el salón de minería más importante de Europa y que celebrará su quinta edición en este mes de octubre. Ambas iniciativas son deudoras de la visión, de la inteligencia y de la tenacidad de mi añorado Paco Moreno, q.e.p.d.

El panorama actual es muy alentador para la minería andaluza y, en general, para la minería metálica española, aunque tenemos que ir pensando en términos de Iberia y no sólo porque compartamos la Faja Pirítica, sino también por la atención que la minería recibe del Gobierno portugués, y porque hay prácticas y experiencias que se pueden compartir y hay empresas auxiliares que actúan en los dos países. Quizá también porque las pautas de la oposición ante un proyecto minero parecen tener bastante semejanza a ambos lados de la raya. 

Desde una perspectiva comunitaria, son de gran importancia algunos de los recursos mineros peninsulares, y ésta se hay acrecentado una vez que la Comisión Europea ha sido consciente de que la vía que seguíamos hasta ahora, los acuerdos de colaboración con terceros países, no garantiza el suministro futuro de materiales imprescindibles para la transición ecológica o valiosos para las actividades industriales, dado que su demanda mundial está llamada a aumentar. Esta consciencia se manifestó en la Iniciativa de Materias Primas (2008), pero han hecho falta 15 años para que se haya propuesto y aprobado el Reglamento de Materias Primas Críticas. 

En Andalucía ya se producen algunas de estas materias, cobre y estroncio son las más significativas, y se han identificado indicios de un buen número de ellas. Ahora bien, la comprobación de estos indicios y la evaluación de reservas es el objeto específico de la investigación minera, y ésta no suele ser realizada por las empresas operadoras, salvo en su entorno cercano y generalmente con el fin de mantener un determinado volumen de reservas a largo plazo. Esta es una actividad propia de otras empresas, habitualmente conocidas como “junior”, cuya actividad es insustituible. En la mayor parte de los casos, la empresa de investigación finaliza su tarea vendiendo el proyecto a una empresa mayor, capaz de afrontar la inversión y el tiempo necesarios para desarrollarlo. Su ganancia proviene del éxito en su investigación, de la información que hayan acumulado y, en su caso, del avance en la tramitación y en la aceptación social que hayan podido lograr. Sin ninguna duda, fue una excelente noticia la convocatoria de concursos de preferencia en la solicitud de permisos de investigación, realizada por la Junta de Andalucía. La realidad es que el trabajo de estas empresas es una vía principal para saber con qué recursos mineros contamos. 

Estas empresas se financian, en la inmensa mayoría de los casos, en bolsas especializadas (Toronto, Sidney, etc.). Algunas de estas junior tienen vocación de desarrollar por sí mismas el proyecto que han investigado; es decir, obtener las autorizaciones y captar el capital y financiación bancaria necesarios. Y aquí cambia el panorama por completo: el inversor toma en consideración no sólo la factibilidad económica de la explotación del recurso, sino también la factibilidad administrativa; es decir, la obtención de las autorizaciones correspondientes, con requisitos y plazos razonablemente predecibles. Esto significa que los inversores están muy atentos a las señales que envía una administración minera. Sus decisiones, sean favorables o desfavorables, pueden motivar comunicaciones al mercado, y éstas sirven de contraste entre una política sectorial declarada y su aplicación real. Esto se agudiza cuando el número de proyectos para un determinado mineral en el mundo no es muy amplio. Por poner un ejemplo regional, este es el caso del proyecto de extracción de estaño en Fuente Obejuna (Córdoba). Dicho esto, estoy convencido de que la AAU concedida a Los Frailes será tomada como una señal muy clara del aprecio de la Junta de Andalucía al sector minero.